Madrid, 22 nov (EFE).- El Ministerio de Trabajo ya ha abierto la consulta pública del proyecto de ley de reducción de la duración máxima de la jornada de trabajo, el registro de jornada y el derecho a la desconexión digital, con el que quiere reducir la jornada semanal máxima de las 40 horas a las 37,5 horas en 2025.
Según consta en el texto de la consulta, la norma reducirá la jornada máxima legal semanal "de las 40 horas a las 37,5 horas el 1 de enero de 2025, estableciendo disposiciones específicas tanto para el trabajo a tiempo parcial como para las jornadas reducidas".
El Ministerio de Trabajo ya avanzó ayer, jueves, el inicio de este trámite tras cerrar la mesa de diálogo social sin haber logrado un pacto con la patronal.
El Gobierno busca ahora sellar cuanto antes un acuerdo con los sindicatos, mientras arranca un proceso de trámite parlamentario que durará meses y donde deben lograr los apoyos necesarios.
El texto, publicado este viernes, también avanza que se modificará la normativa respecto al registro horario, unificando la regulación en esta materia del trabajo a tiempo completo, parcial, ordinario y extraordinario en un único y nuevo artículo.
Con ello se quiere lograr un sistema de registro de jornada "realmente eficaz, presidido por los principios de objetividad, fiabilidad y accesibilidad e interoperatividad"; y que será accesible de forma automática para el trabajador y en remoto para la representación de los trabajadores y para la Inspección de Trabajo.
Asimismo, se regularán las consecuencias de incumplimientos en materia de registro horario, tanto desde el punto de vista jurídico como sancionador.
La norma también busca unificar la regulación respecto a la desconexión como un derecho irrenunciable de la persona trabajadora, así como el deber empresarial de garantizarlo remitiendo a la negociación colectiva las modalidades de ejercicio y garantizando que su disfrute no podrá dar lugar a represalias.
La consulta pública estará abierta del 23 noviembre al 7 de diciembre para recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma. EFE
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