Piden cuatro años de cárcel para el presidente de la asociación de discapacidad Verdiblanca

La Fiscalía de Almería va a solicitar cuatro años de prisión para el presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, acusado de los presuntos delitos de apropiación indebida continuada y de administración desleal por su gestión de la entidad social entre 2016 y 2021 así como el pago de casi 371.700 euros en concepto de indemnización.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha resuelto abrir juicio oral contra el presidente en base a la petición de las acusaciones, entre las que se encuentra la de la 'Asociación para la libertad de Verdiblanca', que pide por su parte una pena mayor de hasta once años de prisión por los mismos delitos, según recoge el auto consultado por Europa Press y avanzado por 'Eldiario.es'.

El procesado, por su parte, ha rechazado las acusaciones al tiempo que ha mostrado su interés en que se produzca la vista oral para poder desmontar las "infamias" de las que se le acusa por parte de una asociación que "se montó a las 48 horas de despedir a una persona", según ha trasladado en declaraciones a Europa Press.

El escrito provisional de la Fiscalía señala que el Sánchez de Amo llegó a la presidencia de Verdiblanca en 2016 tras haber sido vicepresidente y vocal de la entidad en la que trabajaba como periodista en el área de comunicación, de modo que una vez hecho el nombramiento se habría movido "por un ánimo de beneficio personal" y "a sabiendas de que vulneraba los deberes de lealtad inherentes a sus funciones".

En este sentido, y en base a los indicios extraídos de la instrucción, el fiscal observa que desde mayo de 2016 y hasta 2021 el acusado se habría subido progresivamente su salario como periodista "un 57,15%" hasta los 70.501,98 euros, "sin sujeción a procedimiento establecido o refrendo y sin causa laboral o de representación que lo justificase", toda vez que el cargo de presidente no tenía retribución.

Con ello, señala además un "aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la asociación del 15%", lo que habría originando "una carga económica a la entidad de 117693,88 euros en dicho periodo" sin que dicho aumento "tuviese reflejo en el resto de la plantilla".

La Fiscalía también cree que Sánchez de Amo antepuso sus intereses a los de la asociación al efectuar el despido de varias personas "de forma arbitraria y sin causa justificada" que fueron declarados improcedentes y conllevaron el pago en indemnizaciones de 244.000 euros.

Así, recalca que los despidos se produjeron entre varios trabajadores-socios "con dilatada trayectoria en la entidad", que además ocupaban "puestos de relevancia y decisorios" respecto de los cuales, según la acusación, el presidente "tenía conflicto de intereses".

Entre estos despidos figuran los de una trabajadora social, una educadora social, la responsable de comunicación, el jefe superior administrativo --y hermano de anterior presidente--, y el que había sido director general de Verdiblanca de Medio Ambiente.

GASTOS EN CESTAS DE NAVIDAD

El Ministerio Público recoge además la actuación seguida en la Navidad de 2020 cuando el acusado, "obviando el procedimiento establecido", instó la "compra directa" de 650 paletillas de jamón y seis lotes de productos halal a una empresa almeriense para regalar a los trabajadores y socios-trabajadores.

Esta acción "comportó un coste a las cuentas de la asociación de 25.223 euros y un exceso en relación con el gasto de Navidad de los años anteriores, de 10.000 euros".

La Fiscalía advierte además que ese mismo año el acusado dilató "sin causa que lo justificase" la asamblea ordinaria y la asamblea extraordinaria para aprobar las cuentas y renovar su cargo como presidente cuando había otra candidatura encabezada por la antigua vicepresidenta de la entidad, a la que él habría destituido.

"A pesar de los requerimientos del comité de empresa y tras reunirse más del 10% de firmas de los socios a fin de instar según la legislación vigente a la convocatoria pretendida, se negó a hacerlo sin causa justificada", expone el fiscal.

Tras un nuevo despido tras los requerimientos de la Asociación de Centros Especiales de Empleo para recordar la obligación de depositar las cuentas aprobadas, finalmente se celebró una asamblea general ordinaria y extraordinaria en febrero de 2021 en la que el acusado salió elegido como presidente "al no aquietarse la otra candidata a seguir dicho procedimiento". Dicha elección fue declarada nula por un juzgado.

"FALSEDADES PARA ALCANZAR EL PODER"

Para Sánchez de Amo, las acusaciones forman parte de una serie de "falsedades" que un grupo de "de diez o quince personas de los casi 600 empleados que tenemos" ha orquestado con el fin de "alcanzar el poder" en el seno de la asociación, de modo que ha rechazado haberse apoderado de cantidades de dinero o creado menoscabo alguno a la entidad.

"Empezaron en diciembre del 2020 cuando decían que íbamos a perder las subvenciones, que se han triplicado en los últimos cuatro años", ha manifestado el representante de Verdiblanca, para quien los denunciantes han tratado de "atemorizar" a los trabajadores al decirles que "iban a ser despedidos".

Con ello, ha defendido su gestión con la puesta en marcha de un plan de formación y con la reciente obtención de la certificación UNE-ISO 45001:2018 en materia de prevención laboral "una de las más complicadas de conseguir".

"Todos esos vaticinios que hacen no dejan de ser una aportación de falsedades y mentiras para generar un ambiente en contra de la actual junta directiva", ha defendido antes de asegurar que cuenta con las pruebas necesarias para demostrar su inocencia una vez que llegue la vista oral.