Madrid, 22 nov (EFE).- La Fiscalía de Madrid solicita nueve años de cárcel para una mujer acusada de estafar junto a su pareja, para el que solicita siete años de prisión, a dos sociedades y a cuatro personas con un lote falso para asistir a los campeonatos del mundo de motociclismo, por los que pagaron en total más de 730.000 euros.
El juicio está previsto que se celebre el próximo miércoles en la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid, según ha informado este vienes la Fiscalía, que les imputa un delito de estafa con la circunstancia agravante de multirreincidencia por el que solicita esas penas de cárcel y que indemnicen los afectados con un total de 730.536 euros.
También pide que la acusada pague una multa de 8.700 euros y el acusado de 6.000.
Para la empresa Aupa Travel S. L., de la que ella era dueña y él administrador único, la Fiscalía pide que sea condenada a pagar una multa de 2.924.310 euros.
La principal acusada es Ana María Vicente Osset, que cuenta con tres condenas por estafa y a la que varios clientes de sus empresas acusan en un grupo creado en Facebook de "robar dinero a miles de familias" y reclaman justicia, han detallado a EFE fuentes jurídicas. Su pareja también cuenta con antecedentes penales.
En el escrito de la Fiscalía de cara al juicio, el Ministerio Público explica que los acusados "hicieron creer" en 2020 a las supuestas víctimas que la empresa que dirigían era una agencia de viajes que formaba parte de Globalia, facturaba "miles de euros" y tenía acuerdos para trabajar con destacadas corporaciones como Dorna Sport S.L, empresa organizadora de los campeonatos de Moto GP a nivel mundial.
Una vez ganada su confianza, la pareja les ofreció lotes para el mundial de motociclismo con seguro de cancelación a cargo de Axa Seguros, para el supuesto de que decidiesen no acudir a los eventos o que resultasen cancelados por cualquier motivo, y los perjudicados accedieron a comprarlos por un coste total de más de 570.000 euros.
Después de que se cancelaran los campeonatos y viajes, la acusada les exigió unos pagos por gastos de cancelación y otros pagos en concepto de IRPF para poder abonarles la indemnización prometida.
Todos los querellantes pagaron los primeros gastos y solo uno los segundos, pese a lo cual ninguno llegó a recuperar el dinero de la indemnización por cancelación, según el relato de la Fiscalía.
Los acusados llegaron a pedir a dos perjudicados que les concedieran un préstamo porque tenían una falta de liquidez puntual aún "a sabiendas de que no tenían la intención de devolverlo", y así consiguieron otros 40.000 euros. EFE