Claves sobre el gravamen a las energéticas cuya continuidad se debate este jueves

Madrid, 20 nov (EFE).- La continuidad del gravamen temporal extraordinario a las energéticas, aprobado en medio de la crisis derivada de la guerra en Ucrania que disparó los precios de la energía, sigue en el aire después de que en los dos años en que ha sido aplicado el Ministerio de Hacienda haya recaudado con él 2.808 millones de euros.

El pleno del Congreso de los Diputados votará este jueves la ley que establece un tipo mínimo impositivo para las grandes empresas, en la que el Gobierno ha querido incorporar parte de su paquete fiscal, lo que está obligando al socio mayoritario del Ejecutivo, el PSOE, a hacer extraordinarios equilibrios para sacarlo adelante.

Uno de los motivos de conflicto es la continuidad del que se conoce como el impuesto a las energéticas, cuyo rediseño para hacerlo permanente consiguió incluir a Sumar en su acuerdo con el PSOE para la formación de Gobierno.

Junts y PNV se oponen a la continuidad del gravamen, mientras que Sumar (socio minoritario del Gobierno), ERC, EH Bildu y BNG lo apoyan.

Con estos últimos, los socialistas se han comprometido a prorrogar un año la aplicación del impuesto mediante un real decreto-ley, algo que, según dicen, no alteraría el acuerdo que tienen con Junts para que no afecte a empresas que invierten en la descarbonización.

Mientras, Podemos para abstenerse ha reclamado que Junts y PNV se comprometan a apoyar el real decreto-ley para cuando vaya a ser convalidado.

El gravamen original fue aprobado a finales de 2022, en plena crisis energética, con carácter temporal (dos años) y extraordinario, para que las energéticas, que, según el Gobierno, se beneficiaban de los altos precios que había alcanzado la energía y obtenían beneficios récord.

Este impuesto, cuya vigencia concluye el 31 de diciembre, es de aplicación a todas las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que facturaron más de 1.000 millones en 2019, excepto aquellas cuya actividad energética no sea la principal; así como a las productoras de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino en España.

El impuesto ha gravado durante dos años (2023 y 2024, con referencia a las cuentas del ejercicio anterior) las ventas de estas compañías con un tipo del 1,2 %, a excepción de los ingresos regulados (tarifas reguladas de luz y gas, y redes de transporte y distribución de electricidad y gas), así como los obtenidos fuera de España.

Según datos de Hacienda, con la aplicación del gravamen extraordinario ha recaudado 1.164 millones el último año y 1.644 millones en el anterior.

Repsol ha sido el mayor contribuyente por este impuesto, con casi 800 millones (444 millones en 2023 y 335 millones en 2024); seguida de la segunda petrolera en España, Cepsa, que ha tenido que contribuir con 570 millones (325 y 244 millones, respectivamente).

A continuación se sitúa la eléctrica Endesa, con 410 millones (208 más 202 millones); seguida de Iberdrola, con 370 millones (213 más 157 millones), y Naturgy, con 254 millones (165 más 89 millones). EFE