Amnistía denuncia el internamiento "arbitrario" de migrantes en centros de extranjería

Madrid, 20 nov (EFE).- Amnistía Internacional denuncia el “automatismo” con el que los jueces envían a las personas migrantes en situación irregular a los centros de internamiento para extranjeros (CIE) y pide la prohibición expresa de las “redadas racistas”, así como la reforma de la ley de extranjería para asegurar que la privación de libertad sea la última alternativa.

En un informe, el organismo incide este miércoles en que los migrantes sin papeles son detenidos y enviados a los CIE en un clima de “falta de datos y opacidad”, por lo que aseguran que los arrestos podrían considerarse como “arbitrarios” si no se cumplen los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad.

En ese sentido, la entidad reclama la reforma de la ley de extranjería para asegurar que la privación de libertad sea “la última medida a tomar después de haber estudiado todas las alternativas” y teniendo en cuenta factores de vulnerabilidad y otras circunstancias, como los problemas relativos a la salud mental.

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones citados en el texto, alrededor de 100.000 personas son detenidas cada año en Europa por motivos relacionados con la migración. En concreto, 213.896 migrantes llegaron a Europa en 2022.

“Nuestro país no aplica, ni en la legislación ni en la práctica, las salvaguardas suficientes para impedir que se produzcan detenciones arbitrarias de las personas migrantes, especialmente cuando la expulsión o devolución no se ejecuta, por lo que se podría estar violando la prohibición internacional sobre detenciones arbitrarias”, argumenta Amnistía Internacional.

La organización denuncia la existencia de cuatro fallos encadenados en los procesos legales y administrativos que provocan que la decisión de privar de libertad “no siempre se estudie de manera adecuada e individual en cada caso”.

El primero de ellos es el automatismo para el internamiento por parte de los jueces de instrucción, que lo autorizan “siguiendo principalmente el criterio policial” tras la detención “sin valorar otro tipo de alternativas”.

Por otro lado, la entidad subraya que los magistrados no profundizan en los casos individuales, sino que en muchas ocasiones “utilizan argumentación estereotipada” sin “motivación de las causas”.

Amnistía Internacional pone el foco también en la “insuficiente formación” sobre las personas migrantes por parte de los encargados de los internamientos y la “mala coordinación entre los distintos operadores jurídicos” en el proceso.

Y en la “falta de asistencia letrada de calidad”, que conlleva que los migrantes “se vean envueltos en un laberinto de procedimientos y papeleos de los que no son debidamente informados”.

Para revertir esta situación, el organismo solicita la reforma del artículo 16 de la Ley de Seguridad Ciudadana para prohibir expresamente “las redadas por perfil racial”, así como la introducción de un párrafo en la ley de extranjería que exprese de forma clara que el internamiento en estos centros deber ser “una medida de último recurso”.

También reclama que el Gobierno termine con “el secretismo y la falta de transparencia” y garantice el acceso a la información a los migrantes internados en un CIE. EFE

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