La Mesa del Congreso, con la mayoría que suman el PSOE y Sumar, se ha reafirmado este martes en dar por aprobada la ley que servirá a presos de ETA para conmutar las penas cumplidas en otros países de la Unión Europea, dejando así vía libre al Senado para plantear un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional.
Según han informado fuentes parlamentarias, la decisión se ha adoptado teniendo en cuenta un nuevo informe de los servicios jurídicos en el que se reiteran los argumentos esgrimidos para avalar la actuación del Congreso durante toda la tramitación de esta norma que se publicó en el BOE el pasado 19 de octubre hace justo un mes y ya está en vigor.
El Congreso aprobó inicialmente por unanimidad la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. Fue tras una denuncia de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), quejándose de que la convalidación de penas también afectaba a presos etarras, cuando la norma perdió el apoyo de PP y Vox y fue rechazada por el Pleno del Senado en su última fase parlamentaria.
EL PP DIO POR VETADA LA LEY
El Senado, con la mayoría del PP y un informe de la Secretaría General, interpretó que ese rechazo en la ultima votación debía interpretarse como un veto, pese a que ningún grupo había presentado previamente la correspondiente enmienda a la totalidad.
A continuación, y tras un informe verbal de los letrados, la Mesa del Congreso, con la mayoría que forman PSOE y Sumar, decidió dar por aprobada la ley y enviarla al Gobierno para publicarla en el BOE, ignorando la reclamación del Senado y subrayando que la Cámara Alta se había saltado todos los plazos para vetar la norma.
El presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, respondió a esa decisión del Congreso enviando una carta a Armengol criticando que no diera como vetada la norma y precisando que, a su juicio, el competente para decidir sobre este asunto era el Constitucional.
La ley se publicó el pasado 19 de octubre en el BOE y ya está en vigor. Desde el Congreso ya replicaron al Senado que cumplió su obligación constitucional al darla por aprobada y ahora han reiterado lo mismo tras tomar conocimiento del nuevo requerimiento aprobado la semana pasada por la Cámara Alta.
En concreto, fue el pasado miércoles cuando el PP aprobó con su mayoría absoluta que el Senado plantee un conflicto institucional al Congreso por haber enviado la ley al BOE, en lo que supone el primer paso para llevar este asunto al Tribunal Constitucional (TC). También remitió ese nuevo requerimiento a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que la sometiera de nuevo a votación, lo que ha rechazado de nuevo la Mesa con los votos de PSOE y Sumar, dando vía libre al Senado para formalizar el choque institucional.
CON LA AMNISTÍA QUEDÓ EN UN AMAGO
No es la primera vez que el PP plantea un choque de competencias con el Congreso, ya que hace unos meses aprobaron esa iniciativa inédita entre las dos Cámaras. El motivo fue la entrada en vigor Ley de Amnistía, aunque finalmente el partido de Alberto Núñez Feijóo optó por no llevar el conflicto de atribuciones al Constitucional.
En aquella ocasión, el Senado remitió el conflicto de competencias al Congreso, que tiene un plazo máximo de respuesta de 30 días. A partir de ahí, corresponde a la Cámara Alta decidir si finalmente acuden al tribunal de garantías o no.
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