Madrid, 18 nov (EFE).- Seis guardias civiles del Equipo de Delitos Económicos están siendo investigados por usar balizas ilegales en una investigación de narcotráfico después de que una mujer aportara una grabación a uno de ellos, el brigada Sergio Bravo -el primero en ser imputado-, que le aseguró ser "el más ilegal de los ilegales".
Los seis guardias civiles están siendo investigados en el Juzgado de Instrucción 54 de Madrid después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se inhibiera por estos hechos, que fueron denunciados en la causa de narcotráfico Águila-Frazen, que él instruye, y entre cuyos imputados figuraba Borja Villacís, hermano de la exvicealcaldesa madrileña Begoña Villacís que fue asesinado este año a tiros.
El estudio de los dispositivos de geolocalización encontrados en un vehículo y motocicleta de uno de los investigados en dicha causa ha dado lugar a la denominada Operación Bali y a que se abra una investigación a estos seis guardias civiles como resultado del informe al respecto aportado por la Policía Judicial.
Ahora la defensa de este investigado en la causa de Águila-Frazen, pide a Pedraz en un escrito, al que ha tenido acceso EFE, que reclame al Juzgado de Instrucción 54 el informe original de la Policía sobre esas balizas y le de traslado a las partes "por afectar a la presente investigación".
Según dicho informe, al que ha tenido acceso EFE, los dispositivos encontrados pueden "ser adquiridos de modo particular a través de diferentes plataformas, entre las que se encuentra las de la misma marca" que la baliza, Invoxia.
Los investigadores hicieron varios intentos con esa marca para obtener información sobre el terminal al que estaría asociado ese dispositivo sin obtener respuesta alguna, por lo que pasaron a analizar la tarjeta SIM en su interior y descubrieron que la línea correspondía a la proveedora de servicios Lebara España, que, a través de varios mandamientos, aportó información relevante.
De este modo, la defensa del investigado en la causa de narcotráfico apunta que, si bien la Fiscalía señaló el pasado 6 de junio que la actividad atribuida a Sergio Bravo "no implica al resto del equipo de investigación”, la Policía Judicial en su informe ha determinado que todos los miembros del equipo "tenían conexión y acceso desde sus terminales móviles a tiempo real al dispositivo colocado ilegalmente por lo que todos se encuentran investigados en este momento".
Los agentes han llegado a esta conclusión por diversas coincidencias de los investigados en la zona, día y hora con las dos balizas analizadas, así como en hospedajes de los investigados en mismas fechas y lugares.
A estos se suma, "la posible suplantación de identidad por parte de algunos de los investigados a la hora de adquirir las tarjetas SIM, al coincidir en zona, día y hora aproximada en la adquisición y activación de estas".
En su declaración como investigado en la Audiencia Nacional, antes de que este caso fuese remitido a los juzgados de Madrid, Sergio Bravo sostuvo que sus confesiones sobre prácticas ilegales eran en realidad una trampa que tendió a la mujer para tratar de desenmascararla porque sospechaba que era un "topo" de la organización.
Bravo, que en el momento de los hechos era sargento primero, explicó que tenía esa sospecha, pero que al no tenerlo totalmente seguro no le informó de ello a su superior y siguió por su cuenta contándole esas prácticas irregulares para ganarse su confianza.EFE