Seis de los 21 acusados del primer 'Rodea el Congreso' pactan con el fiscal multas de hasta 1.320 euros

Seis de los veintiún acusados en el juicio por los graves disturbios ocurridos en el primer 'Rodea el Congreso' han pactado con la Fiscalía de Madrid penas que se sustituirán por multas de hasta 1.320 euros tras reconocer los hechos sucedidos la noche del 25 de septiembre de 2012 y aplicarse una atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas.

El juicio ha arrancado esta mañana en los juzgados de lo Penal de Madrid con las cuestiones previas y la testifical de los agentes de la Policía Nacional que intervinieron en el operativo desplegado por la Delegación de Gobierno en Madrid.

Los procesados enfrentan penas de hasta ocho años de prisión por delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad, resistencia, daños y lesiones, entre otros.

Durante la protesta, unas 6.000 personas se concentraron en la plaza de Neptuno de forma pacífica contra la corrupción institucional. La manifestación acabó disuelta mediante cargas policiales. El saldo final fue de 34 detenidos y 64 heridos, 27 de ellos policías.

Antes de la vista, los abogados de cinco de los acusados han alcanzado un acuerdo de conformidad con las partes ante el reconocimiento de los delitos. Al aplicarse unas dilaciones indebidas muy cualificadas, las solicitudes de pena de cárcel quedan reducidas a una multa.

De este modo, seis de los acusados reconocen un delito de desórdenes públicos, por lo que aceptan una pena de once meses de prisión a sustituir por una multa. También se impone a otros dos procesados once meses por un delito de atentado agravado con uso de instrumento peligroso y para otros tres, dos meses y veinte días de prisión por atentado básico.

En la prueba testifical, uno de los agentes heridos ha destacado que "nunca se había visto tal violencia de grupos organizados antifascistas o anarquistas en Madrid" arremetiendo contra los agentes antidisturbios, por lo que se procedió a las cargas policiales y a las detenciones. Frente a ellos, ha dicho, "miles de personas se manifestaban de forma pacífica" contra las entonces decisiones políticas.

Según el agente, los alborotadores emplearon la técnica del 'Black Block', que consiste en llevar ropa negra para evitar ser identificados por las autoridades y con material para reventar la protesta como palés de madera, escudos y palos de madera con estoques.

"ESCALADA REPRESIVA"

Ocho de los organizadores del evento fueron procesados por la Audiencia Nacional. Entre ellos figuraba Elena Martínez, actualmente portavoz de la Asamblea de Apoyo a los encausados y en aquella época portavoz de la Coordinadora 25S.

A su llegada a los juzgados, la activista ha señalado que el juicio es parte de "una escalada represiva" que comenzó hace 12 años" con Cristina Cifuentes como delegada de Gobierno en Madrid.

"La propia delegada del Gobierno hablaba de listas negras de militantes políticos, que creemos que eso es más digno de otras épocas que de una democracia. Fuimos perseguidos e identificados. Hubo un despliegue policial como no ha habido en otras movilizaciones", ha subrayado recordando que después se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, denominada 'Ley Mordaza'.

En las cuestiones previas, las defensas han solicitado que los procesados declaren cuando concluya la prueba, es decir, al final de la vista oral. A través de sus abogados, los acusados que se desvinculan del acuerdo niegan los delitos y solicitan su libre absolución. Los letrados han aportado vídeos, fotogramas y fotografías que demostrarían la inocencia de sus clientes.

GRAVES ALTERCADOS

Según la Fiscalía, la tarde del 25 de septiembre de 2012 un numeroso grupo de personas se concentraron en torno al cinturón de seguridad establecido alrededor del Congreso de los Diputados para protestar contra la corrupción institucional.

Varios de estos individuos se subieron a la valla de seguridad colocada en el lugar, quienes jaleaban a los allí congregados a romper y rebasar dicho perímetro de seguridad con expresiones tales como: "vamos a tomar el Congreso, ahí están los ladrones", llegando a quitar parte de las vallas de dicho perímetro.

En ese momento, mientras los agentes de servicio se disponían a volver a colocar las vallas en condiciones idóneas y requerían a los concentrados a respetar el cordón de seguridad, uno de los acusados se encaramó a una de las citadas vallas, mientras exhortaba a los allí congregados a romper el dispositivo policial.

Así, gritaba "vamos a tomar el Congreso, vamos, ahí dentro están los ladrones que nos están jodiendo y estos pistoleros que les defienden nos los llevamos por delante", al tiempo que los integrantes del grupo allí concentrado arrojaron a los uniformados todo tipo de objetos tales como botellas, latas, piedras y pilas de gran tamaño, así como también les propinaban diversas patadas y puñetazos a los agentes de policía allí desplegados.

Sobre las 19 horas en el exterior de las vallas del Congreso y a pesar de los repetidos requerimientos efectuados por la fuerza policial desplegada para que se respetaran las zonas de seguridad,los concentrados empezaron a coordinarse para lanzarse a modo de avalancha sobre las vallas de seguridad, mientras manifestantes violentos lanzaban objetos contra la fuerza actuante y otros desarmaban el vallado e increpaban a los policías que intentaban recolocarlo.

Los disturbios se reprodujeron en toda la zona que comprendía aproximadamente desde la Plaza de Cibeles hasta la fuente de Neptuno, congregándose multitud de personas en distintos puntos que, actuando de forma conjunta y coordinada con la ilícita finalidad de alterar el pacífico fin de las manifestaciones convocadas, se enfrentaron usando todo tipo de objetos y desplegando emboscadas contra los agentes encargados de mantener la seguridad pública.

Sobre las 22:30 horas unas 200 personas se desplazaron hasta la zona de la estación de Atocha con "la misma e ilícita finalidad de impedir el control de la paz y seguridad que intentaban salvaguardar los agentes de policía, ocasionando graves incidentes allí", según la Fiscalía.

Así increparon a los vigilantes de seguridad y ocasionaron destrozos en el mobiliario de la estación, llegando incluso a cruzar las vías, lo que motivó que se detuviera el tráfico ferroviario, lanzando objetos a los agentes intervinientes, entre ellos, piedras.