Varios acusados intentan aplazar el juicio a Sito Miñanco y Gonzalo Boye a días del inicio

Madrid, 14 nov (EFE).- Varios acusados están tratando de aplazar el juicio que arranca el próximo lunes en la Audiencia Nacional contra el histórico narcotraficante gallego Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, y medio centenar de personas, entre ellos el abogado Gonzalo Boye, acusado de blanquear supuestamente beneficios del narcotráfico.

Seis años después de que estallase la que se conoció como operación Mito, que volvió a poner en el foco a Prado Bugallo, la sección tercera de lo penal prevé iniciar el 18 de noviembre el juicio en la sede madrileña de San Fernando de Henares.

Una vista a la que Prado Bugallo acudirá por sus propios medios tras haber recibido el tercer grado penitenciario, según ha permitido el tribunal en un auto dictado esta semana, al que ha tenido acceso EFE, en el que desestima las razones por las que la Junta de Tratamiento de la cárcel de Segovia, donde cumple condena, "informó desfavorablemente" de ello.

Según informan a EFE fuentes jurídicas, alguna defensa ha remitido en los últimos días escritos al tribunal en los que solicitan que se suspenda la vista oral en la que la Fiscalía Antidroga reclama 31 años y medio de prisión Sito Miñanco, y 9 años y medio para Boye.

Ninguno de estos dos acusados ha solicitado la suspensión; lo ha hecho José Manuel C., cuya defensa ha justificado que su cliente se encuentra en Dakar (Senegal) después de que fuese detenido el año pasado en otra operación contra el narcotráfico, informan las fuentes.

En el juicio por la operación Mito está acusado de trabajar en una empresa de reparación de embarcaciones y haber estado a disposición de Prado Bugallo "para participar en medidas de contra vigilancia en las reuniones que éste mantenía o desplazarse siguiendo sus indicaciones para preparar las operaciones de tráfico de drogas".

En este procedimiento se juzgará el intento de introducir a España casi cuatro toneladas de cocaína, que fue frustrado por las autoridades, primero con la intervención del buque Thoran, abordado en 2017 cuando transportaba 3,3 toneladas de cocaína y después la aprehensión, en noviembre de ese año, de un contenedor de cocaína en Países Bajos que ocultaba 615 kilos de la misma sustancia.

Gonzalo Boye, conocido por defender al expresidente catalán Carles Puigdemont, no está acusado por estas operaciones, sino por participar presuntamente junto a otros letrados en el supuesto blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, algo que siempre ha negado.

Aparte del citado acusado que ha solicitado la suspensión, al menos otros tres y una empresa se han adherido a su petición. La intención de la Fiscalía, sin embargo, es tratar de celebrar el juicio, según las fuentes consultadas.

Son Manuel G., Adriana M. y Efrén M., acusados de participar en la ocultación de los beneficios de la presunta trama, que "en última instancia se transportaban a Colombia".

La Fiscalía cree que podrían haber efectuado transportes de dinero a este país, ocultando el efectivo en maletas o en el equipaje de mano, provistos de dobles fondos.

El primero de ellos ha protagonizado otra de las novedades de este procedimiento a puertas del juicio, al haber enviado un escrito al tribunal en el que refleja que el dinero que le incautaron en el aeropuerto de Barajas era suyo, como dijo en un principio, y no de la red.

El 6 de febrero de 2017 las autoridades intervinieron a los tres citados acusados y a dos más 889.620 euros "distribuidos en distintas cantidades en su equipaje de mano, oculto en un doble fondo, cuando se disponían a viajar a Colombia".

El escrito, del 20 de octubre y al que ha tenido acceso EFE, señala que las personas a las que se había incautado ese dinero, depositado a efectos de responder a las posibles responsabilidades económicas, manifestaron que "era y es en realidad" de Manuel G.

Y solicitaba que se pagase a tres policías los 301.380 euros que la Fiscalía solicita como responsabilidad civil "de forma inmediata". EFE