Podemos renuncia a ejercer la acusación popular en el juicio que celebrará la AN contra el clan de los Pujol en 2025

El partido político Podemos ha remitido un escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que informa de que desiste de ejercer la acusación popular en el juicio que se celebrará desde noviembre de 2025 contra el que fuera presidente catalán Jordi Pujol y sus hijos por formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el partido fundado por Pablo Iglesias subraya que ellos han impulsado desde el inicio la investigación de estas conductas delictivas, "lo que ha servido para depurar y esclarecer hechos muy relevantes".

Pero, añade, dado que está personada la Fiscalía, entiende que queda "suficientemente cubierta la acción penal por la acusación pública".

"Una vez que esta acusación popular ya ha contribuido con su iniciativa a la depuración de los hechos investigados, por medio del presente escrito esta parte viene a informar a la Sala que desiste del ejercicio de la acción penal en el presente procedimiento, apartándose por ello del proceso", explica.

51 SESIONES EN 6 MESES

El pasado 7 de noviembre trascendió que la Sección Primera fijaba en el calendario las sesiones de este juicio, que tendrá lugar a lo largo de 51 sesiones diferentes repartidas en seis meses.

Además de Pujol y sus siete hijos --Jordi, Josep, Oriol, Marta, Mireia, Pere y Oleguer-- el tribunal compuesto por las magistradas María Riera, Carolina Rius y María Fernanda García también juzgará a otras 17 personas, entre ellos varios empresarios.

Cabe recordar que el juez Santiago Pedraz acordó en junio de 2021 llevar al banquillo de los acusados a toda la familia, a excepción de la mujer del ex president, Marta Ferrusola --a la que exoneró por su estado de salud después de que la defensa presentara un informe médico en el que alegaba que sufría demencia severa--, así como a otras personas, entre ellas Mercé Gironés, la ex mujer del primogénito de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola.

Les imputó presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, delito de frustración en la ejecución y hasta siete delitos contra la Hacienda Pública. Para garantizar las posibles responsabilidades civiles por estos últimos, pidió a Jordi Pujol Ferrusola que depositase 7,5 millones de euros y a su ex mujer, otros 400.000 euros.

De esta forma, el instructor siguió los pasos de la Fiscalía Anticorrupción, que se dirigió contra todo el 'clan', pidiendo 9 años de cárcel para el patriarca y hasta 29 para su hijo mayor, mientras que la Abogacía del Estado apuntó solo al primogénito, su ex mujer y otro hermano, Josep Pujol Ferrusola, interesando para ellos 25, 17 y cuatro años de prisión, respectivamente.

En el auto con el que puso fin a la instrucción, en el año 2020, el juez propuso juzgar a la familia al completo por formar presuntamente una organización criminal para, aprovechándose de su "posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas", acumular un "patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".