El fiscal general alerta: acusaciones populares pueden buscar información o repercusión

Madrid, 13 nov (EFE).- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha alertado de que las acusaciones populares a veces pueden solicitar entrar en un procedimiento para "conseguir información", obstaculizar la causa mediante recursos o porque tengan interés en que el caso adquiera "repercusión mediática".

Aunque ha pedido "no denigrar" esta figura, exclusiva en España y recogida en la Constitución, García Ortiz ha defendido la labor de la Fiscalía como acusación con el único interés de castigar al culpable y descubrir el delito, y únicamente sometida "al criterio de legalidad y de imparcialidad".

Lo ha hecho durante una conversación con estudiantes y expertos en el Datafórum Justicia que se ha celebrado este lunes en la Universidad de Granada y que ha difundido la Fiscalía General del Estado este miércoles.

El fiscal general ha reivindicado la independencia y autonomía del Ministerio Público, y ha rechazado que haya "borregos" que obedecen lo que diga una persona designada por el Gobierno. "Eso no son más que clichés. Nadie mete mano", ha dejado claro.

Pero además de la Fiscalía, ha explicado García Ortiz, en el sistema procesal español también pueden acusar los perjudicados por el delito (acusaciones particulares) y las acusaciones populares, que pueden solicitar personarse en un procedimiento por "otros intereses, que no tienen por qué ser malos, pero son intereses particulares, privados, y distorsiona mucho el proceso".

"El proceso es para castigar al culpable y descubrir el delito y los fines de estas acusaciones son otros, son diferentes. Tendremos que ver lo que nos interesa como país", ha aseverado García Ortiz, investigado por el Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, e imputado a su vez por fraude fiscal.

En su caso, el procedimiento se abrió a instancias de este empresario, pero también están personadas varias acusaciones populares que ejercen organizaciones como la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Fundación Foro Libertad y Alternativa, el autodenominado sindicato Manos Limpias y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.

García Ortiz ha explicado que la acusación popular se introdujo ante la "desconfianza que existía en el Ministerio Fiscal" en la época de la dictadura franquista, porque, si la Fiscalía significaba "un gobierno represor", los ciudadanos tenían derecho a proponer "otras cosas en los tribunales".

"Pero han pasado muchos años", ha indicado García Ortiz, al tiempo que ha destacado la independencia de la figura del fiscal general al no poder ser cesado por el Gobierno.

Y ha subrayado la excelencia de los funcionarios, con "criterio y voluntad propia", que integran la Fiscalía, donde "nadie actúa directamente" por una "dirección política". "Estamos blindados", ha dejado claro, con un sistema de garantías y contrapesos.

Ya en la apertura del año judicial, en septiembre, el fiscal general advirtió de la necesidad de cambiar el modelo para "invertir el esquema" en el que "los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional penal son el primer y único filtro de averiguación de los hechos, incluso aquellos que dudosamente presentan caracteres de delito, lo que puede pervertir la finalidad del procedimiento y la propia idea de Justicia". EFE