Madrid, 12 nov (EFE).- La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif) ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo Angel Hurtado, que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que amplíe la investigación de la información incautada en el registro de su despacho, que duró más de diez horas.
En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, solicita que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) amplíe su investigación desde el 20 de febrero y sin limitación temporal posterior al 14 de marzo.
Apif, que ejerce la acusación popular en la causa, ha hecho esta petición en su recurso contra la decisión del instructor de acotar el análisis de la información incautada en el registro, a todo lo que esté relacionado con la causa entre el 8 y el 14 de marzo.
Dice la Apif que "procede investigar cualquier comunicación relativa al delito investigado, la filtración de la propuesta de conformidad penal, sin limitación temporal, respecto de los terminales incautados".
Explica que fue el 20 de febrero cuando la Fiscalía Provincial de Madrid remitió la denuncia contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, a los juzgados, por lo que entienden que es desde ese momento cuando puede haber comunicaciones previas que pasan por los teléfonos de los dos investigados, García Ortiz y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, investigada también en la causa por un presunto delito de revelación de secretos.
Considera "de altísima probabilidad" que "haya comunicaciones previas al 7 de marzo" entre los investigados y personas ajenas al Ministerio Fiscal (periodistas, políticos, etc.), que "pueden ser más que relevantes para acreditar, o excluir, la consumación delictiva".
Por este motivo, entiende que no debe ser descartada ninguna conversación de whatsapp y otros medios de comunicación, con anterioridad al 8 de marzo, ni con posterioridad al 14 de marzo.
"De hecho, y no podemos negar nuestra preocupación, pueden ser capitales las conversaciones entre el fiscal general del Estado y la teniente fiscal del Tribunal Supremo, hoy fiscal encargada del despacho de este asunto, María Ángeles Sánchez Conde", añaden.
Cita que durante el registro en la sede de la Fiscalía General el pasado 30 de octubre, Sánchez Conde fue vista por al menos un fiscal del Supremo revisando un móvil con García Ortiz en el patio, cuando la Guardia Civil aún estaba llevando a cabo sus pesquisas.
Un asunto que tilda de "sorprendente", por el hecho de que "una fiscal asignada a un asunto esté examinando con un investigado, sin estar presente su abogado, una prueba central del delito investigado". EFE