Una década del 9N, la primera gran desobediencia independentista

Martí Puig i Leonardi

Barcelona, 9 nov (EFE).- El 9 de noviembre de 2014 salieron a la calle 2,3 millones de catalanes, según el recuento de la Generalitat, para participar en la que fue la primera gran desobediencia del independentismo: la consulta convocada por el Govern de Artur Mas.

De ahí acabó surgiendo la candidatura unitaria de Junts pel Sí, que llevaría de forma imprevista hasta la presidencia de la Generalitat a Carles Puigdemont, quien fue cesado en virtud del artículo 155 de la Constitución tras la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017.

Una década después, los protagonistas de ese 9N siguen sin haber cerrado la carpeta que abrieron aquel día: Mas y otros ex altos cargos autonómicos fueron condenados a devolver casi cinco millones de euros gastados por la Generalitat y siguen pendientes de si se les aplica la amnistía.

Convergència i Unió perdió 12 escaños en el precipitado adelanto electoral con el que Artur Mas pretendió, en 2012, reforzar su liderazgo al frente de un independentismo que había impulsado ya dos consultas extraoficiales, en 2009 y 2011, y mostrado su potencia movilizadora en una concurrida manifestación organizada por la ANC.

Tras el descalabro electoral, Mas se apoyó en la ERC de Oriol Junqueras para asegurarse la gobernabilidad de Cataluña, una alianza que los republicanos condicionaron a que se celebrara una consulta de autodeterminación.

El entonces president ensayó varias vías de aproximación con el Ejecutivo de Mariano Rajoy y diversos tira y afloja con sus compañeros independentistas de viaje antes de lanzarse al choque, que se acabó materializando en un decreto de convocatoria de las votaciones suspendido por el Tribunal Constitucional.

La consulta del 9N nunca quiso ser vinculante -como sí se aseguró años más tarde que sería el referendo unilateral de 2017-: esa fórmula hizo posible que a Mas no solo le acompañaran ERC y la CUP, sino también las hoy desaparecidas ICV-EUiA y Unió Democràtica, partidarias de una tercera vía; los socialistas, en paralelo, sufrieron tensiones internas y bajas de dirigentes y militantes.

La doble pregunta planteada ("¿Quiere que Cataluña sea un Estado?" y "En caso afirmativo, ¿quiere que ese Estado sea independiente?") facilitó que el perímetro de apoyo a la consulta superara al del independentismo, pero fue también uno de los elementos que agrietó todavía más la relación entre Junqueras y Mas, quien encontró en el anticapitalista David Fernàndez a un inesperado aliado.

Condenado inicialmente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Mas vio luego cómo el Supremo le rebajaba a un año y un mes la pena de inhabilitación por desobediencia, que fue equiparada a la impuesta al exconseller Francesc Homs. La exvicepresidenta Joana Ortega fue condenada finalmente con nueve meses de inhabilitación y la exconsellera Irene Rigau, con seis meses.

Al tiempo, el Tribunal de Cuentas, órgano de naturaleza administrativa, condenó a Mas, a tres de sus exconsellers y a otras seis personas a pagar 4,9 millones de euros por los gastos de la organización de la consulta.

Los impulsores del 9N todavía no han cerrado esas carpetas, aunque sus causas encajen en la amnistía: la ley no ha tenido efectos en sus penas de inhabilitación porque ya estaban liquidadas, pero el Tribunal de Cuentas la ha elevado a la justicia europea, lo que deja en suspenso la aplicación del perdón a su responsabilidad contable por los fondos destinados a la consulta.

A nivel político, la celebración de la consulta dejó a Mas en posición de fuerza para presionar a Junqueras para presentarse en coalición en una lista de la que se descolgó Unió, que siempre había compartido cartel con Convergència. Esos comicios fueron tildados de "plebiscitarios" por el independentismo.

La coalición Junts pel Sí se impuso, pero sin alcanzar la ansiada mayoría absoluta, lo que dejó a la CUP en una posición determinante que hizo que Mas se apartara dando "un paso al lado", según su definición, o siendo depositado en "la papelera de la historia", según reivindicaron los anticapitalistas.

Entró entonces en escena un inesperado Carles Puigdemont, que asumió las riendas de la Generalitat y redobló en 2017 la apuesta ensayada tres años antes por su antecesor organizando el referéndum unilateral del 1 de octubre, que dio pie a la declaración de independencia y la posterior suspensión del autogobierno catalán. EFE

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