El Partido Popular (PP) ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados la que insta al Gobierno a aprobar la normativa que regule la figura del experto facilitador judicial, una persona que se encargaría de guiar a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Los 'populares' inciden en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en que "la democracia debe garantizar que todas las personas, independientemente de sus circunstancias, puedan acudir a los órganos jurisdiccionales para obtener la tutela de sus derechos". "Sin embargo, muchas personas encuentran dificultades cuando deben relacionarse con los órganos judiciales", advierten.
Y es que, añaden, "a menudo se sienten pérdidas en un ambiente desconocido con procedimientos desconocidos y un lenguaje técnico difícil de entender". "Esta dificultad se agrava cuando una persona tiene alguna discapacidad", afirma la formación.
El PP incide en que la figura del experto facilitador judicial "evalúa inicialmente las particularidades específicas de la persona con discapacidad para determinar los ajustes procesales necesarios que permitan su participación en el procedimiento judicial con todas las garantías".
"También adapta las explicaciones sobre el procedimiento judicial a las necesidades de la persona, clarificando su contenido, el lugar donde se desarrollará, y quiénes estarán presentes, para garantizar la comprensión total del proceso", explica el partido.
LAS FUNCIONES DEL FACILITADOR
Además, según los 'populares' el experto facilitador judicial elabora un informe detallado dirigido al órgano judicial y a los operadores jurídicos, indicando las necesidades de apoyo individualizadas y las adaptaciones precisas, además de proponer la mejor manera de practicar pruebas, especialmente las testificales. "Asimismo, acompaña y asiste a la persona con discapacidad durante las diligencias de prueba, ajustando las preguntas de acuerdo con sus circunstancias", añaden.
El PP explica que el consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó este mismo año el decreto que establece el servicio y regula la figura del personal experto facilitador para apoyar a las personas con discapacidad en todas las sedes judiciales de la comunidad.
"Han pasado más de tres años desde la aprobación y entrada en vigor de la legislación nacional, pero hasta la fecha, el Gobierno de España no ha desarrollado completamente las características que deben definir a este profesional en las comunidades autónomas en donde el Ministerio de Justicia ejerce sus competencias en esta materia", critica la formación.
Es por todo ello que pide al Gobierno que desarrolle esta figura y que "se tenga en cuenta la experiencia de las comunidades autónomas". Insta además al Ejecutivo a "que se apruebe un presupuesto necesario y suficiente para financiar la figura del experto facilitador judicial en el ámbito territorial de competencia del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes".