Senado pide un registro de seguros de decesos para garantizar su cobro en caso de pérdida

Madrid, 5 nov (EFE).- La Comisión de Justicia del Senado ha reclamado la creación de un registro de seguros de decesos para facilitar a los familiares la búsqueda de estos documentos y evitar que, por desconocimiento o pérdida, no se reclamen las pólizas, como puede ocurrir en el caso de los afectados por la dana.

Lo ha hecho a través de una moción presentada por el grupo parlamentario vasco que insta al Gobierno a incluir la obligación de registro de los seguros de decesos y demás contratos que tengan su causa en el fallecimiento de una persona y supongan obligaciones económicas con sus causahabientes.

El senador del PNV Igotz López ha recordado que cerca de la mitad de la población tiene contratado un seguro de decesos, algo que no siempre es conocido por sus familiares, de manera que, cuando la persona fallece, sus descendientes "se embarcan en la aventura de empezar a llamar a todas las compañías de seguros para saber si tienen contratado ese seguro".

"Pensemos en todas las personas que han fallecido como consecuencia de la dana y cuántos familiares estarán precisamente ahora sufriendo estas circunstancias al no saber si tienen contratado un seguro de decesos o no", o porque los recibos "se los ha llevado el agua", ha señalado.

En estos casos, los familiares no están pudiendo reclamar los seguros, ha alertado López, quien cree que la solución pasa por crear un registro obligatorio de seguros de decesos que dependa del Ministerio de Justicia.

El PSOE y el PP han apoyado esta iniciativa, que permitiría a los familiares consultar de forma sencilla si una persona fallecida tenía un seguro de deceso y evitaría el desconocimiento o la pérdida de beneficios de las pólizas no reclamadas.

Han destacado que la creación de este registro también supone una reducción importante de trámites burocráticos al centralizar la información, se reducen los tiempos y la carga administrativa tanto para las familias como para las Administraciones Públicas.

Desde el PP se ha planteado que exista un acceso directo a ese registro desde la funeraria, que es quien hace el trámite ante el Registro Civil.

Además, ha reclamado al PSOE que implemente esta medida "con toda inmediatez dadas las circunstancias".

Además, el Senado ha acordado también instar al Gobierno a crear nuevos juzgados en el Campo de Gibraltar y reforzar las plantillas de funcionarios de Justicia para luchar contra el tráfico de drogas y abordar la fuerte carga de trabajo que sufren en la zona.

Lo ha hecho a través de una moción defendida por el senador del PP y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que ha recordado que en la provincia de Cádiz se incauta el 50 % del hachís y el 78 % de la cocaína de toda Andalucía, mientras que los juzgados de la comarca, que incluyen los partidos judiciales de Algeciras, La Línea de la Concepción y San Roque, "se encuentran desbordados".

Así, señala que la Fiscalía Especial Antidroga ha denunciado un "cuello de botella" en el plano judicial con un volumen y magnitud de procedimientos que hacen que para los cuatro fiscales antidroga que trabajan en la comarca sea inasumible llevar los procedimientos como les gustaría.

El PP concluye que es urgente la creación de nuevos juzgados solicitados desde hace mucho tiempo por los distintos jueces decanos en el Campo de Gibraltar, con jueces de categoría 2, lo que conlleva que los distintos órganos judiciales estuvieran servidos por jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia de segunda categoría en sus respectivas carreras, que garantizaría una mayor experiencia y una menor transitoriedad.

Pide también reforzar las plantillas de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia de los juzgados de instrucción del Campo de Gibraltar y de sección 7º de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras.

La Comisión de Justicia ha aprobado también una moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas en defensa de la dignidad del turno de oficio de las comunidades que no tienen transferidas las competencias de Justicia (Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia y Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla).

La senadora del PP Isabel Moreno ha lamentado que los letrados del turno de oficio, unos 40.000, han tenido que soportar importantes retrasos en los abonos de sus honorarios, el último retraso obedece al mes de noviembre de 2023, esto es, cuatro meses de impagos a estos profesionales.

Así, el texto aprobado reclama que el Gobierno revise y actualice los importes de los honorarios de los letrados del turno de oficio de las comunidades que dependen del Ministerio de Justicia, para superar el actual estado de desigualdad retributiva que se produce en los distintos territorios.

También ha afirmado que es "urgente y prioritario" una nueva ley de asistencia gratuita, ya que la existente, del año 96, "no admite más parches".

"Estamos de acuerdo desde el PSOE en que es necesario revisar y dignificar el servicio de asistencia gratuita", ha señalado el senador Dionís Oña, quien ha emplazado al PP a apoyar los presupuestos generales del Estado para hacer efectiva esta petición. EFE