Madrid, 4 nov (EFE).- Cinco de los dieciséis acusados de fraccionar contratos para adjudicar obras pequeñas en distintos ayuntamientos madrileños a la empresa Efial Consultorí han reconocido los hechos, por los que desde este lunes se les juzga en la Audiencia Nacional, tras alcanzar un pacto de conformidad con la Fiscalía.
Se trata de dos exresponsables de la citada empresa -Blas Acosta y Juan José Mora Cuadrado- y los de otras tres sociedades implicadas en los amaños -Víctor Pascual Astudillo, Fernando Rodríguez López y José Manuel Río-, a cambio el fiscal se ha comprometido a aplicarles la atenuante de confesión tardía para rebajar su petición de penas.
Además de reconocer las acusaciones, han corroborado lo que hablaron en algunas de las conversaciones intervenidas a los investigados y que han sido clave para desentrañar la actuación delictiva.
En el banquillo se sientan también los exalcaldes de Chinchón Francisco Javier Martínez Mayor (del partido independiente Transparencia y Servicio) y la de Velilla de San Antonio Antonia Alcázar Jiménez (del PSOE).
Ni ellos ni el resto de acusados ha aceptado llegar a un acuerdo y sus defensas han comenzado el juicio plateando cuestiones previas de nulidad y suspensión, que el tribunal de la sección cuarta de lo Penal ha optado por resolver cuando dicte sentencia.
Uno de los abogados defensores, el exfiscal Ignacio Gordillo, que representa a la que fuera directora de gestión tributaria del Ayuntamiento de Móstoles Isabel Apellániz, ha criticado el acuerdo de conformidad con la Fiscalía porque algunos de los acusados no habían declarado en instrucción con lo que consideraba que el desconocimiento de lo que ahora iban a declarar vulneraba su derecho a la defensa.
Los 16 acusados se enfrentan a penas de inhabilitación para cargo o empleo público por un delito de prevaricación administrativa continuada en calidad de autor o de cooperador por periodos que oscilan entre los 12 años y los 4 años y medio, según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción.
Esta investigación se inició en 2013 en un juzgado de Vendrell (Tarragona) -que se inhibió a favor de la Audiencia Nacional-, a raíz de una denuncia de Fiscalía por posibles irregularidades en la contratación pública del Ayuntamiento de Torredembarra.
El juzgado de Vendrell apreció la existencia de un mecanismo fraudulento realizado por la mercantil Efial en numerosos ayuntamientos de España y envió esta parte de la investigación a la Audiencia Nacional.
El Juzgado Central de Instrucción número 4 la asumió y abrió tres piezas separadas. Esta es la que afecta a los ayuntamientos madrileños de Chinchón, Getafe, Velilla de San Antonio, Meco, Móstoles y Torrejón de Ardoz, mientras que acordó archivar la relativa al de Arganda del Rey.
La Fiscalía considera acreditada la existencia de un mecanismo fraudulento que versaba fundamentalmente en eludir los controles legales en la adjudicación de concursos y contratos públicos en los siete ayuntamientos investigados.
Los investigados de la mercantil Efial (que posteriormente se llamó Consultoría en Gestión Innovadora S.L.) asumieron, según Anticorrupción, tareas propias de los funcionarios públicos, hasta el punto de participar ilegalmente en los procesos de concurso oposición, actuando como asesores propuestos por el alcalde y facturando por elaborar las bases de los concursos.
El juicio continuará este martes con la declaración del resto de acusados.EFE
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