Montserrat Martínez
Málaga, 3 nov (EFE).- La lucha administrativa de unos padres ha conseguido que su hijo, que iba a ser escolarizado en un aula especial, reciba la educación en un entorno ordinario en Málaga, cumpliendo así con el enfoque de educación inclusiva, basado en el derecho de todos los alumnos a recibir enseñanzas de calidad en igualdad de condiciones.
Los progenitores decidieron que su hijo, de 6 años, recibiera una educación en un entorno ordinario y no en un aula especial, pero el menor fue escolarizado por la administración educativa de Málaga en una clase especial, decisión que sus padres consideraron perjudicial para su desarrollo, según ha informado a EFE su abogado, Jesús Odériz Echevarría.
El 10 de mayo de 2024, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ratificó la escolarización del menor en un aula especial.
La familia presentó un recurso de reposición para impugnar la decisión, alegando que no se habían agotado todas las posibilidades para ofrecerle una educación inclusiva en un centro ordinario con apoyos.
El recurso interpuesto por los progenitores se basó en la violación de derechos fundamentales recogidos en los artículos 14 (igualdad) y 27 (derecho a la educación) de la Constitución Española, ha explicado el letrado Odériz Echevarría, del despacho Odériz Echevarría Abogados, con sedes en Marbella, Málaga y Pamplona.
Según la defensa de la familia, la decisión de escolarizar al menor en un aula especial vulneraba el principio de educación inclusiva reconocido tanto por el ordenamiento español como por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España.
Los tutores argumentaron que no se justificó adecuadamente la necesidad de escolarizar al hijo en un aula especial. Además, alegaron que se vulneraba el derecho de los padres a elegir el modelo educativo más adecuado para su hijo, un derecho reconocido por la Constitución y reforzado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
La administración educativa justificó su decisión con informes psicopedagógicos que sugerían que un aula especial era más adecuada para el menor.
Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo establece que solo se puede escolarizar a un niño en un centro especial cuando se haya demostrado que todas las medidas para su inclusión en un centro ordinario resulten insuficientes. Esto incluye ofrecer todos los apoyos y recursos necesarios para su inclusión.
El Tribunal Constitucional también ha señalado que la educación inclusiva debe ser la norma y que apartar a un niño de este sistema solo puede hacerse de manera excepcional y con razones debidamente justificadas.
Además, subrayó que los padres tienen derecho a decidir sobre el modelo educativo de sus hijos, y la administración no puede imponer su criterio salvo en casos excepcionales donde la seguridad o el bienestar del menor se vean comprometidos.
Finalmente, la resolución del Delegado Territorial de Málaga estimó el recurso presentado por los padres de menor.
El tribunal ha concluido que la administración educativa no justificó de manera adecuada las razones por las cuales la educación inclusiva no era viable para el menor. No se había demostrado que la escolarización en un aula ordinaria con apoyos fuera desproporcionada ni que existiera una inadaptabilidad total del menor a este entorno, según el abogado.
Por todo ello, el tribunal ha ordenado la escolarización del pequeño en un centro ordinario, garantizando que se proporcionen los apoyos necesarios para su inclusión.
El fallo resalta la importancia de garantizar el derecho de todos los niños a una educación inclusiva y de respetar las decisiones de los padres en cuanto al modelo educativo que consideran más adecuado para sus hijos.
El letrado ha destacado que ningún padre debería enfrentarse solo al sistema educativo cuando se trata de defender el futuro de sus hijos.
Ha lamentado que en un entorno donde se promueve cada vez más la educación inclusiva, muchos padres se encuentran con barreras institucionales que pueden afectar el desarrollo de sus hijos y, por ello, ha animado a buscar siempre a un abogado especializado para poder resolver el caso favorablemente.
En muchos casos, las familias se enfrentan a barreras administrativas que pueden tener un impacto negativo en el desarrollo de sus hijos, ha advertido el abogado.
Además, este caso, según Odériz Echevarría, refuerza la necesidad de agotar todas las posibilidades para garantizar la inclusión de los menores en centros educativos ordinarios antes de recurrir a una escolarización especial.EFE
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