Madrid, 3 nov (EFE).- La Audiencia Nacional juzga esta semana a 16 personas, entre ellas dos exalcaldes de las localidades madrileñas de Chinchón y Velilla de San Antonio de diferentes partidos, y a funcionarios de seis ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, por fraccionar contratos para adjudicar obras pequeñas a la empresa Efial Consultoría.
Todos ellos se enfrentan a penas de inhabilitación para cargo o empleo público por un delito de prevaricación administrativa continuada por periodos que oscilan entre los 12 años y los 4 años y medio, según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción.
Los dos exalcaldes que se sentarán en el banquillo son exregidores de Chinchón -Francisco Javier Martínez Mayor (del partido independiente Transparencia y Servicio)- y de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar Jiménez (del PSOE).
Esta investigación se inició en 2013 en un juzgado de Vendrell (Tarragona) -que se inhibió a favor de la Audiencia Nacional-, a raíz de una denuncia de Fiscalía por posibles irregularidades en la contratación pública del Ayuntamiento de Torredembarra.
El juzgado de Vendrell apreció la existencia de un mecanismo fraudulento realizado por la mercantil Efial en numerosos ayuntamientos de España y envió esta parte de la investigación a la Audiencia Nacional.
El Juzgado Central de Instrucción número 4 la asumió y abrió tres piezas separadas. Esta es la que afecta a los ayuntamientos madrileños de Chinchón, Getafe, Velilla de San Antonio, Meco, Móstoles y Torrejón de Ardoz, mientras que acordó archivar la relativa al de Arganda del Rey.
La Fiscalía considera acreditada la existencia de un mecanismo fraudulento que versaba fundamentalmente en eludir los controles legales en la adjudicación de concursos y contratos públicos en los siete ayuntamientos investigados.
Los investigados de la mercantil Efial (que posteriormente se llamó Consultoría en Gestión Innovadora S.L.) asumieron, según Anticorrupción, tareas propias de los funcionarios públicos, hasta el punto de participar ilegalmente en los procesos de concurso oposición, actuando como asesores propuestos por el alcalde y facturando por elaborar las bases de los concursos.
El 'modus operandi' consistía en muchos casos en crear empresas municipales públicas en donde Efial creaba y/o gestionaba una entidad Pública empresarial, aparentemente vacía de capacidad ejecutiva, facilitando la elusión del control administrativo.
Los investigados, según Anticorrupción, fraccionaban los contratos con la finalidad de disminuir la cuantía de los mismos y no superar los 18.000 euros para no superar el límite del contrato menor.
Además, los servicios fueron siempre otorgados a favor de los mismos profesionales elegidos, "con quiebra de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, e igualdad". EFE
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