El Gobierno reconoce que "debe estar siempre especialmente vigilante" y "aplicar el mayor rigor exigible" en las operaciones comerciales de material de defensa que puedan involucrar a Israel, después de que el Ministerio del Interior cerrara un contrato de adquisición de munición para la Guardia Civil con una empresa israelí, que finalmente tuvo que rescindir.
La polémica se inició el martes, cuando socios del Gobierno como IU pidieron explicaciones al ministro, Fernando Grande-Marlaska, por el contrato para adquirir "cartuchería 9x19mm" para la Guardia Civil licitado el 21 de febrero de 2024. La adjudicación se realizó el 21 de octubre de 2024, y dos de los tres lotes contratados correspondieron a una empresa israelí.
Horas después, el Ministerio del Interior anunció que había puesto en marcha el proceso para rescindir el contrato y reiteró el compromiso del Gobierno de no vender ni comprar armamento a Israel desde el recrudecimiento del conflicto en Gaza.
SIN COMERCIO DESDE EL 7 DE OCTUBRE
El Ejecutivo viene recalcando este compromiso desde el 7 de octubre, fecha de la masacre de Hamás contra israelíes que generó la ofensiva del Estado hebreo en la Franja de Gaza y Cisjordania. Así lo ha hecho de nuevo en una respuesta a una pregunta escrita registrada en el Congreso por el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna, en la que preguntaba si una empresa fabrica en España munición que podría tener como destino final el Ejército israelí.
El Ejecutivo reconoce que es "plenamente consciente" de que "hay que estar especialmente vigilantes" y "aplicar el mayor rigor exigible en aquellas operaciones que tengan como destino áreas en conflicto o regiones en las que pudiesen producirse violaciones de los Derechos Humanos". Además, afirma que las autoridades competentes analizan "caso a caso siempre con una evaluación de riesgo especial en cuanto a la situación regional".
Por lo demás, defiende los sistemas de control instaurados en el comercio de material de defensa en España. En concreto, señala que España "cuenta con uno de los sistemas de control de comercio de material de defensa más robustos, tanto a nivel legislativo como procedimental, que se cumple estrictamente, siguiendo las recomendaciones de la ONU y anteponiendo el respeto y la preservación de los Derechos Humanos por encima de cualquier otro interés". Además, indica que este sistema "ha mostrado su eficacia a lo largo del tiempo".