Principales medidas fiscales incluidas en la ley del tipo mínimo

Madrid, 31 oct (EFE).- El Gobierno ha aprovechado la tramitación de la ley del tipo mínimo de las multinacionales para incorporar, como enmiendas del PSOE, una batería de medidas fiscales que ahora tendrán que recabar apoyos parlamentarios. Estas son las principales.

El gravamen temporal sobre las entidades financieras se convierte en un impuesto que estará en vigor, en principio, durante tres años. El nuevo tributo gravará el margen de intereses y comisiones con tipos progresivos que irán del 1 al 6 %, aunque permitirá una deducción del 25 % en el impuesto de sociedades y otra extraordinaria si la rentabilidad de la entidad baja de un determinado umbral.

El impuesto de hidrocarburos que paga el gasóleo sube para equiparlo al de la gasolina. Si la propuesta prospera, cada litro de gasóleo pagará 0,47269 euros de impuesto de hidrocarburos, 9,4 céntimos más que ahora, salvo en casos excepcionales en que durante dos meses consecutivos el precio de venta supere los dos euros el litro (cuando será de 0,422).

Se establecen impuestos para los vapeadores. El líquido para cigarrillos electrónicos que contenga menos de 15 miligramos de nicotina por mililitro de producto pagará 0,15 euros por mililitro y 0,20 euros si la cantidad de nicotina es mayor. Las bolsas de nicotina y otros productos de nicotina pagarán 0,10 euros por gramo.

Además, los impuestos al tabaco suben a partir del 1 de enero de 2025 para contribuir a la política sanitaria.

El tipo que grava el ahorro en el IRPF sube un punto, del 28 al 29 %, para el tramo de estas rentas que supere los 300.000 euros.

El impuesto de sociedades se modifica para intentar neutralizar la pérdida de recaudación derivada de la anulación por parte del Tribunal Constitucional de las reformas de este tributo implementadas por el PP. Entre estas medidas figuran:

- Limitación de la compensación de las bases imponibles negativas de las grandes empresas, del 50 % para las que facturan entre 20 y 60 millones y el 25 % para las que facturan más de 60 millones.

- Limitación de las deducciones por doble imposición, que no podrá superar el 50 % de la cuota.

- Reversión de los deteriores de valor que fueron fiscalmente deducibles antes de 2013, al menos por partes iguales a la base imponible en tres ejercicios a partir de 2024.

Además, se extiende dos ejercicios (2024 y 2025) la limitación de la compensación por parte de los grupos empresariales de las bases imponibles negativas de las sociedades que los integran, de manera que solo podrán incorporar la mitad. Las cantidades no compensadas se integrarán por décimas partes a partir de 2025.

Baja el impuesto de sociedades para empresas que facturan menos de un millón de euros (actualmente del 23 %), que se implementará de forma progresiva. En 2025 pagarán un 21 % por los primeros 50.000 euros de base imponible y el 22 % por el resto; en 2026, el 19 y el 21 %, respectivamente, y en 2027, el 17 y el 20 %, respectivamente.

Se implementan varias medidas para controlar a los operadores de hidrocarburos con el objetivo de frenar el fraude en el sector. Las medidas refuerzan la vigilancia de quiénes pueden ser operadores, reducen los plazos para declarar el IVA y amplían la responsabilidad de los titulares de depósitos fiscales y empresas distribuidoras.

El Gobierno impulsará la modificación de la directiva europea del IVA para que los Estados puedan gravar los alquileres de corta duración (inferior a 30 días). El objetivo es que estos alquileres dejen de estar exentos de IVA y tributen igual que los hoteles si el Estado así lo decide, por ejemplo en zonas con problemas de acceso a la vivienda o con saturación turística.

El Gobierno impulsará la modificación del reglamento de las socimi (sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria) con el objetivo de incrementar la oferta de vivienda a corto plazo y satisfacer la necesidades habitacionales de las personas vulnerables a través de la figura de las nuevas viviendas asequibles incentivadas.

La Agencia Tributaria creará un sistema público de facturación electrónica que pondrá a disposición de los empresarios y profesionales que lo deseen y al que obligatoriamente tendrá que remitirse una copia de las facturas electrónicas que se gestionen mediante sistemas privados.

Se declara la incompatibilidad entre la percepción de una pensión vitalicia por incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez y un trabajo que suponga darse de alta en la Seguridad Social, en cuyo caso se suspendería el pago de la pensión y se reanudaría cuando se produzca el cese en el trabajo. EFE