La auditoría del Consell de la República apunta que Comín gastó 15.530 euros "no justificados"

La auditoría que el Consell de la República (CdRep) encargó ante una denuncia por presuntas irregularidades en la gestión del vicepresidente de la entidad, Toni Comín, apunta que el eurodiputado electo de Junts gastó 15.530 euros "no justificados".

El informe pericial de Senior Auditing, avanzado por 'El Món' y al que ha tenido acceso Europa Press, concluye que hay dos partidas del CdRep que "no se pueden procesar de acuerdo con la normativa belga", una de ellas referente a los gastos de Comín.

Los gastos de esta partida se concretan en cinco pagos: una multa de tráfico de 363 euros; el alquiler de un vehículo durante 15 días por 1.997,35 euros; el de un apartamento durante 15 días por 2.562; el pago de impuestos de un apartamento en Lovaina (Bélgica) por 4.608 euros, y 6.000 euros retirados en efectivo.

El auditor señala que estos gastos "no parecen estar justificadas dentro del marco de la defensa del exilio porque están destinados a un cargo electo que ya tiene ingresos propios", y que no pasaron por la aprobación por el Consejo de Administración del CdRep.

En relación al alquiler del coche y el apartamento, Comín expuso al auditor que se trata de gastos por un viaje al sur de Francia vinculado con su actividad en la entidad, pero el auditor señala que haría falta un acta del Consejo de Administración que apruebe la realización de estos viajes "susceptibles de ser considerados de carácter personal".

Comín también justificó al auditor que el pago de impuestos del apartamento en Lovaina y la retirada de los 6.000 euros en efectivo forman parte del reparto de fondos para la defensa del exilio, según explica el informe.

En este sentido, el auditor lo cuestiona y apunta que el importe que se otorga a los "exiliados" debe ser de 6.338,10 euros, según recoge un acuerdo de la entidad del 3 de octubre de 2023.

"La cantidad recibida de 10.608 euros, suma de los puntos 4 y 5 excede esta cantidad", detalla el informe.

SUBVENCIONES EN CUESTIÓN

El informe destaca que queda en cuestión también una partida de 58.970 euros en concepto de subvenciones a la entidad Catalunya Cultura i Progrés que tampoco se pueden procesar de acuerdo con la normativa belga.

El auditor recoge que, según el contable del CdRep, "no existe ningún documento que apoye esta operación", y constata que la entidad acordó cancelar todas las operaciones con esta entidad de forma genérica, textualmente.

"SITUACIÓN MODERADAMENTE PREOCUPANTE"

La auditoría afirma que el CdRep se encuentra "en una situación moderadamente preocupante, donde los gastos superan a los ingresos considerando el cómputo global de año" y que presenta un déficit patrimonial de 58.108 euros.

Asimismo, asegura que las aportaciones a la entidad "han ido disminuyendo" por lo que diferir este déficit con futuros superávits --textualmente-- comporta un riesgo considerable.

Así, propone la creación de un comité de tres miembros, dos del CdRep y un tercero de máxima confianza e independiente "que pueda hacer funciones de moderación y reflexión sobre las decisiones tomadas".

Además, considera que este nuevo Consell tendría que rendir cuentas mensualmente sobre el dinero ingresado y las actuaciones realizadas y ve "imprescindible formular presupuestos de gastos previos.

RESPUESTA DEL CONSELL

Tras recibir las conclusiones del auditor, el CdRep ha acordado reducir la masa salarial del equipo técnico al 50% "atendiendo a la situación financiera detectada en la auditoría y valorada como moderadamente preocupante".

Lo han explicado en un comunicado este jueves, en el que han asegurado que, a pesar de que "la auditoría constata una mejora clara de la situación financiera" del año 2023 respecto del 2022, han decido tomar medidas y aplicar las sugerencias y requerimientos.

En este sentido, el Consell ha acordado delegar la gestión del ámbito financiero a dos miembros más de su gobierno; "dar por efectuado y cumplido el requisito de presentar la justificación detallada del uso de los fondos", y establecer unas normas básicas de gobernanza claras.

"Estos acuerdos son el resultado de la prioridad absoluta del Govern de velar por la viabilidad del Consell de la República, garante del mandato del 1 de octubre, y por los derechos de sus miembros", ha concluido la entidad.