Madrid, 31 oct (EFE).- Pimco, Algebris, Anchorage y otros fondos de inversión afectados por la resolución del Banco Popular, con la que perdieron cerca de 850 millones de euros, han pedido 1.473 millones de euros al Santander y a PwC en concepto de responsabilidad civil.
Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Efe, los bonistas solicitan que se abra una pieza separada de responsabilidad civil, aparte de la que va a sentar en el banquillo al expresidente del Banco Popular Ángel Ron, a otros doce directivos y a la consultora PwC por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016, tal y como acordó el pasado 4 de marzo el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.
En su escrito, los bonistas explican que no disponían de fuentes de información donde pudieran concluir "la existencia de falsedades de los principales datos económicos de la entidad más que la información financiera periódica que publicaba la entidad en la CNMV y demás registros públicos".
No tenían acceso a información societaria interna de la entidad, ni al resultado de las inspecciones del Banco Central Europeo, por lo que no tenían motivos para sospechar que se estuviera produciendo un falseamiento de las cuentas anuales y del resto de documentación contable.
Asimismo, indican que "no hay duda" de que las acciones cometidas por los acusados crearon un riesgo jurídicamente desaprobado por el derecho penal, la radical inexactitud de la información financiera divulgada por el banco al mercado, que "directamente ocasionó la pérdida de la inversión".
Información falseada, añade el documento, que se proporcionó "de forma continuada" a lo largo de varios años.
En el auto de procesamiento de la antigua cúpula del Popular, con el que el Santander se hizo al precio simbólico de un euro, el juez Calama constató que los déficits de provisiones ocultos en las cuentas de 2015 y primer trimestre de 2016 se mantuvieron en los estados financieros semestrales de 2016, auditados por PwC, y en los del tercer trimestre de ese año.
Asimismo, que, en las cuentas anuales del año 2016, se corrigió parte de ese déficit, pero se puso de manifiesto, por parte de la inspección sobre activos adjudicados, un déficit de 1.418 a 1.620 millones de euros.
A comienzos de septiembre, Calama pidió a PwC, a petición del grupo de fondos de inversión, que aportara las pólizas de seguro que tuviera contratadas para asegurar la posible responsabilidad civil. EFE
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