La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha mostrado su apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por sus actuaciones en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso que, a su juicio, se hicieron "bajo amparo legal y estatutario, fueron legítimas y, además, necesarias".
La asociación ha reaccionado, en un comunicado, después de que la Guardia Civil registrase el despacho del fiscal general en busca de documentos, móviles y correos electrónicos por orden del juez del Tribunal Supremo que le investiga por presunta revelación de secretos, con el fin de "evitar la eliminación intencionada de información que pudiera ser de interés para la investigación".
La UPF ha expresado su "profunda preocupación por las consecuencias altamente nocivas que la decisión judicial de no archivar de plano la causa por manifiesta carencia de fundamento" pues, en su opinión, el Ministerio Fiscal "cumple una imprescindible función, establecida en nuestra Constitución, de defensa de la legalidad y de ser garantes del interés público".
"La decisión judicial adoptada en el día de hoy es un ostentoso y manifiesto ejemplo de ello", ha subrayado la asociación, haciendo un llamamiento público "a la prudencia y a la moderación, al respeto a las personas, a su presunción de inocencia y a la función constitucional ejercida por los fiscales".