Madrid, 30 oct (EFE).- La presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, ha exigido este miércoles la dimisión inmediata del fiscal general del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, y ha denunciado que su actuación "denigra la imagen de la institución" y "pone en tela de juicio" la profesionalidad de los fiscales.
En un comunicado, la AF ve incomprensible que, tras la causa abierta en el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos, no se haya investigado inmediatamente si la filtración de correos tuvo su origen en la Fiscalía.
"La actuación del FGE denigra la imagen de la institución y pone en tela de juicio nuestra profesionalidad. Es una situación sin precedentes, y su permanencia en el cargo resulta inadmisible en democracia. Un fiscal general del Estado imputado jamás debería permanecer en el cargo", subraya.
Respecto a la filtración de datos personales, Dexeus denuncia que no haya actuado la inspección fiscal e incoado el correspondiente expediente para averiguar el origen de las filtraciones y del autor de las mismas.
También advierte de que la situación a la que Ortiz somete a la institución es "complicada", puesto que el fiscal que represente en el procedimiento al Ministerio Fiscal seguirá siendo su subordinado y esa posición "quebrará la imagen de imparcialidad y neutralidad".
La anómala situación en que se encuentra el Ministerio Fiscal se refleja -según denuncia- en la incógnita sobre la designación del fiscal del asunto. "Es evidente que durante la tramitación de la causa sobrevolará la duda sobre las decisiones que adopte el fiscal designado para el despacho del procedimiento penal abierto contra el FGE".
"La lamentable situación que estamos atravesando va a salpicar a todos los fiscales de España", sostiene.
El comunicado de la AF se produce después de que se supiera que el magistrado Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta en el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, ha ordenado a la Guardia Civil el registro del despacho del fiscal para requisar los dispositivos electrónicos y documentos que puedan acreditar ese delito. EFE
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