Fedea y una entidad próxima al PSC organizarán un debate entre partidarios y detractores del cupo catalán

Fedea y FIOP promueven un debate en enero sobre el cupo catalán, buscando consensos entre expertos en hacienda pública para una reforma del sistema de financiación autonómica

Guardar

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y la Fundación Internacional Olof Palme (FIOP), entidad próxima al PSC, han decidido organizar un debate entre partidarios y detractores del cupo catalán que buscarán puntos de consenso para que sea posible una reforma pactada de todo el sistema de financiación autonómica.

Así lo ha anunciado este jueves Fedea, que ha adelantado que la jornada de discusión sobre la propuesta catalana acordada por PSC y ERC y posibles alternativas tendrá lugar el próximo mes de enero. Además, irán publicando, antes y después del debate, documentos de trabajo.

"El objetivo es fomentar un debate franco, ordenado y con vocación constructiva entre especialistas en hacienda pública partidarios y detractores de la propuesta del PSC y ERC, con la esperanza de identificar posibles elementos de consenso que hagan posible una reforma pactada del sistema que mejore su diseño y funcionamiento", ha indicado en una nota tras una rueda de prensa entre el director de Fedea, Ángel de la Fuente, y la presidenta de FIOP, Anna Balletbò.

Balletbò ha explicado que esta iniciativa es parecida a los Encuentros de S'Agaró, celebrados entre finales de 2015 y finales de 2016 en varias ciudades españolas y que reunieron a expertos fiscalistas que ya vislumbraba la necesidad de poner en marcha una propuesta especifica de reforma del sistema de financiación autonómica --pendiente desde hace varios años-- basada en la autonomía de ingreso y la corresponsabilidad fiscal de las CCAA.

Mientras que De la Fuente ha cuestionado la tesis de la infrafinanciación de Cataluña esgrimida en el acuerdo PSC-ERC para justificar la salida de la comunidad del régimen común, pero ha defendido el principio de ordinalidad, apostando por dar respuesta a la parte razonable de la reivindicación pero sin comprometer el principio de solidaridad o la autonomía de la Administración Central.

Guardar