El Senado aprueba la ley del derecho de defensa y la envía al Congreso para su publicación

El proyecto de ley del derecho de defensa incluye el uso de lenguas cooficiales, garantiza accesibilidad judicial, y concede derechos de conciliación a los profesionales de la abogacía

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Madrid, 30 oct (EFE).- El Senado ha dado por aprobado el proyecto de ley orgánica del derecho de defensa en un pleno que ha sido suspendido por la magnitud de la tragedia provocada por la dana y el texto será enviado al Congreso de los Diputados para su publicación.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha anunciado que las tres leyes cuyo plazo para su aprobación vence mañana -esta y las leyes básicas de bomberos forestales y de agentes medioambientales- se dan por aprobadas.

De esta forma, el proyecto de ley del derecho de defensa sale adelante sin incluir las enmiendas introducidas por el PP durante su paso por la Comisión de Justicia del Senado, que suprimían aspectos relacionados con el uso de las lenguas cooficiales, lo que ha provocado un cruce de reproches entre PP y PSOE durante el debate de este miércoles.

Así, el PSOE presentó un voto particular para mostrar su rechazo a las enmiendas que el PP ha introducido en el texto "por la puerta de atrás" y se comprometió a revertirlas en el Congreso.

El senador del PSOE José María Oleaga ha reprochado al PP que con sus enmiendas quieran eliminar aspectos relacionados con el uso de las lenguas cooficiales. "Ustedes deberían amar la diversidad y hasta que no lo hagan no estarán preparados para gobernar este país".

Desde el PP, la senadora María José Pardo ha acusado al PSOE de "cinismo" y ha denunciado que no buscan defender el pluriligüismo, sino que ceden a las presiones de sus socios independentistas.

La ley orgánica del derecho de defensa presentada por el Gobierno busca mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a la Justicia y contempla que en los procesos ante órganos con jurisdicción en todo el Estado se pueda utilizar cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma donde residan o donde se hayan iniciado las actuaciones judiciales.

En este sentido, el texto indica que si el uso de una lengua determinada, especialmente la materna o una de las lenguas oficiales en las comunidades autónomas, contribuye a garantizar el ejercicio del derecho de defensa, el juzgado o el tribunal pondrá a disposición de los intervinientes que lo requieran los mecanismos pertinentes de interpretación o traducción.

Durante la ponencia, el PP eliminó del proyecto de ley del derecho de defensa los artículos que permitían el uso de las lenguas cooficiales en los procesos judiciales independientemente del territorio en el que se inicie el trámite.

Ahora, al darse por aprobado el texto, estas enmiendas no son tenidas en cuenta y el texto sale del Senado tal y como llegó del Congreso.

Otro de los aspectos que incluye el texto es que el uso de medios técnicos o informáticos en el proceso judicial no suponga una dificultad para garantizar la efectividad del derecho de información, especialmente en personas de la tercera edad o con discapacidad, asegurando que la brecha digital no condicione la efectividad de este derecho.

Se reconoce a los profesionales de la abogacía el derecho a la conciliación y al disfrute de los permisos de maternidad y paternidad.

Así, los profesionales de la abogacía tendrán derecho a solicitar la suspensión del procedimiento judicial o el nuevo señalamiento de actuaciones procesales en casos de fuerza mayor como el nacimiento o cuidado de menor, la adopción o acogimiento de menores, la hospitalización de cónyuge, pareja o familiar a cargo, y el fallecimiento de pariente hasta segundo grado de consanguinidad.

También se podrá solicitar la suspensión del procedimiento por accidente o enfermedad que requiera hospitalización o por baja médica sin hospitalización. EFE

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