Las Cortes de Aragón han aprobado, sin votos en contra, en el Pleno de este miércoles el Decreto Ley 1/2024 de ayudas a la sequía elaborado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en vigor desde el 26 de septiembre, que regula las ayudas directas por valor de siete millones de euros destinadas a paliar los efectos de la sequía en 2024.
Con 38 votos a favor --PP, VOX, A-TE, IU, PAR-- y 25 abstenciones --PSOE y CHA-- de un total de 63 votos emitidos, este Decreto Ley establece, entre otras cuestiones, dos zonas de reparto y cuantías económicas determinadas en función de una serie de parámetros.
El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha presentado esta norma con rango de ley, como consecuencia de las alteraciones de temperaturas y precipitaciones habituales y las crisis agudizadas en el comercio internacional, que han generado grandes perjuicios en las explotaciones agrarias y ganaderas en numerosas localidades del territorio.
Estas cuantías están amparadas por el Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda para apoyar la economía tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, aprobado por la Comisión Europea en su Decisión SA.102771 (2022/N), de 2 de abril, y ampliado hasta el 31 de diciembre de 2024, por lo que deberán ser gestionadas y abonadas antes de esa fecha.
El pago está previsto que se realice a lo largo del mes de noviembre, una vez terminada la tramitación prevista en el Decreto Ley, que será publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) este jueves, 31 de octubre.
Un total de 1,2 millones de euros se dirigirán al sector ganadero, mientras los 5,8 millones restantes serán para el sector agrícola de las zonas afectadas. En el caso de los ganaderos afectados y contemplados en el Decreto Ley, la cantidad queda fijada en 25 euros por cada Unidad de Ganado Mayor (UGM), unidad de medida para contabilización de cabezas de ganado, en el caso de los agricultores la cantidad dependerá de otros factores.
GRUPOS PARLAMENTARIOS
En representación del PSOE, Marcel Iglesias, ha subrayado la "decepción, frustración y enfado" que existe entre los agricultores con las ayudas a la sequía, que tienen "la esperanza quebrada". Esta "decepción", ha continuado, se extiende a la sanidad, la educación, en las familias y a los pueblos.
Santiago Morón (VOX) ha recordado que estas ayudas directas fueron anunciadas en el mes de mayo por el entonces consejero del ramo, Ángel Samper. Ha lamentado la crítica de la izquierda a la cuantía de estas ayudas para añadir que durante la pasada legislatura se destinaron "cero euros".
Joaquín Palacín (CHA) ha destacado las carencias "importantes" del Decreto Ley, como la "pequeña cuantía", la zonificación, la exclusión de ciertas especies y el perjuicio que sufre el agricultor y ganadero profesional, "al que se debería haber apoyado más".
La diputada de Aragón-Teruel Existe, Pilar Buj, ha subrayado el carácter "insuficiente y muy insuficiente" de las ayudas por las cantidades previstas para cultivos de secano, por los costes directos asumidos por agricultores y por el área territorial elegido, entre otros aspectos, pero "bienvenidas sean".
Por parte de IU, Álvaro Sanz, ha opinado que este Decreto Ley "llega tarde" y ha afirmado: "Hasta que VOX no ha dejado la Consejería --de Agricultura, Ganadería y Alimentación--, el Gobierno de Aragón no se ha enterado de la urgente necesidad de estas medidas y de que no valía con créditos blandos".
El parlamentario del PAR, Alberto Izquierdo, ha recalcado que, a pesar de su voto a favor, estas ayudas "son insuficientes y llegan tarde", en concreto, dos años después del inicio de la sequía, aunque "algo es algo".
El 'popular' José María Giménez ha defendido este Decreto, cuyo "único objetivo es ayudar a paliar los problemas generados por la falta de lluvias". La ayuda podría ser "mejorable", pero ayudará a volver a la actividad a los agricultores "en pocos días".
DOS ZONAS
Para el reparto de las ayudas directas se han determinado dos zonas: una de afección máxima y otra de afección grave. En este sentido, se prevé que las ayudas lleguen a 304 municipios y 19 comarcas, en una u otra zona, siendo beneficiarias todas las explotaciones de doce de ellas: Ribera Baja del Ebro, Campo de Cariñena, Campo de Belchite, Bajo Martín, Jiloca, Cuencas Mineras, Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Aragón, Comunidad de Teruel, Maestrazgo, Gúdar-Javalambre y Matarraña.
Por otra parte, se ha tenido en cuenta el número de hectáreas afectadas --con un máximo de cien--, así como si los agricultores o sociedades agrícolas son o no jóvenes, considerándose como tales aquellos menores de 41 años o que no alcancen esa edad este 2024. Se ha establecido que, en el caso de los agricultores, el pago mínimo será de 200 euros.
En el caso de los ganaderos, la máxima ayuda podrá alcanzar los 2.500 euros y en el caso de la agricultura, podría llegar a los 5.000 euros, siendo este el caso de un joven agricultor cuya explotación estuviera en la zona de afección máxima. Si el beneficiario es agricultor y ganadero y cumple los requisitos del reparto de ayudas en ambos casos, percibirá ambas ayudas.
Por último, y con el fin de que los pagos se puedan realizar de la manera más eficaz y ágil posible, se ha determinado que todos los beneficiarios sean perceptores de los pagos de la PAC o de la Intervención Sectorial Apícola, este último en el caso de apicultores afectados, a quienes se les aplica la cantidad fijada en base a UGM.
CÁLCULO DE ZONAS AFECTADAS
Para realizar el reparto las ayudas directas, desde el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón se han tenido en cuenta diversos factores y se ha establecido como beneficiarios de las mismas a explotaciones y no a territorios, si bien estos han sido la base para la determinación de las cuantías por su afección.
Así, a los datos facilitados por Agroseguro, disponibles una vez finalizada la campaña, este mes de septiembre, se han añadido los obtenidos a través del Índice de Precipitación Estandarizado (SPI, por sus siglas en inglés), y del Índice de Precipitación Evapotranspiración Estandarizada (SPEI, por sus siglas en inglés) con los que se ha determinado el grado de afección en cada zona.
El SPI (Índice de Precipitación Estandarizado) es una herramienta utilizada para medir y monitorear la sequía. Este índice cuantifica el déficit o exceso de precipitación en un período específico en comparación con la media histórica, ajustando los datos a una distribución normal.
Este índice se expresa en términos de desviaciones estándar de la precipitación acumulada respecto a la media. Los valores positivos indican precipitación superior a la media y los valores negativos inferior a la media. Asimismo, permite comparar las condiciones de sequía entre diferentes regiones y escalas temporales, desde meses hasta años.
Dado que los valores provisionales de peritaciones reflejaban daños en zonas sobre los que este índice no aportaba información se contrastó con otro índice de monitorización de la sequía denominado SPEI por sus siglas en inglés, el Índice de Precipitación Evapotranspiración Estandarizada, que combina datos de precipitación y evapotranspiración para evaluar la disponibilidad de agua en una región específica.
En este caso, se trata de un índice multiescalar, lo que significa que puede aplicarse a múltiples escalas temporales, desde meses hasta años, permitiendo así un análisis detallado de la sequía a corto y largo plazo. Valores negativos del SPEI indican condiciones de sequía, mientras que positivos reflejan condiciones más húmedas de lo normal.