El Partido Popular (PP) y Vox han pedido en el Congreso de los Diputados la reprobación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asegurando los 'populares' que "la deriva antisistema" del Gobierno "es imparable" y argumentando los de Santiago Abascal que el jefe de la carrera fiscal "se ha conducido en todo momento de un modo contrario a lo que pueda considerarse digno de tal cargo".
El Pleno ha debatido este martes a última hora de la tarde la proposición no de ley que el PP registró en mayo de este año, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid abrió una investigación al fiscal general por presunta revelación de secretos al desmentir la versión ofrecida por la Comunidad de Madrid sobre la regularización fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo ha sostenido durante su intervención que García Ortiz "no perseguía un bulo sino a una adversaria del Estado". "Hoy en España los escándalos se acumulan como basura en un vertedero", ha asegurado, preguntándose si "vale todo para destruir a un rival político". "¿Hasta donde llegaría cada uno de ustedes para conseguirlo? ¿Violarían la ley?", ha añadido.
La parlamentaria 'popular' ha asegurado que lo que exige su formación es el cese inmediato de García Ortiz en base al artículo 31, "el mismo que en su día invocaron los socialistas para reclamar el cese" de uno de sus antecesores en el cargo, José Manuel Maza.
Álvarez de Toledo ha asegurado que García Ortiz ha quedado "reducido a community manager del Gobierno" en su intento de salvar "el relato". Así, ha mostrado su confianza en que el actual fiscal general del Estado no "haya borrado" los presuntos mensajes en los que, según ha sugerido la diputada, habría ordenado la filtración de correos electrónicos entre el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y el fiscal que del caso por supuesto fraude fiscal por el que se le investiga.
"No vaya a ser que el mismo Gobierno que insiste en propagar el bulo de que el PP rompió ordenadores a martillazos esté amparando a un fiscal general del Estado que eliminó correos electrónicos para tapar sus delitos. Ahora bien, sepa el Fiscal, y sepan ustedes, que Google siempre atiende los requerimientos judiciales y guarda hasta incluso lo que borra al usuario. Con o sin correo, señorías, García Ortiz puede ser condenado, sí", ha zanjado.
EL PSOE HABLA DE "PERSECUCIÓN POLÍTICA"
La réplica de los socialistas la ha dado el diputado Francisco Aranda, que ha anunciado el voto en contra de su formación aseverando que "alguien tiene que decirles que no todo vale". "Cuando un partido cree que el país es su finca, su cortijo, cuando cree que el poder le pertenece por derecho pasa lo que pasa. Son ustedes el principal obstáculo para la normalidad institucional de nuestro país. Esto no va y no ha ido nunca sobre el fiscal general. Esto va de poder", ha apuntado.
En su intervención, Aranda ha preguntado a los 'populares' "qué entienden por democracia". "Esta propuesta no es más que un paso en su estrategia. Se trata de una acción coordinada deliberada e impune, un ataque contra el gobierno progresista. Una persecución política y mediática bajo una colección de bulos, insultos y difamaciones", ha añadido.
En resumen, y a juicio del diputado socialista, lo que pretende el PP es "laminar la democracia para repartirse sus restos y con un mensaje triste pero claro: no importa quien seas, el PP irá a por ti".
Por su parte, el diputado de Vox Emilio del Valle ha reconocido que su formación está de acuerdo con la proposición del PP, aunque ha introducido una enmienda en la que insta a que el Gobierno adopte las medidas necesarias para garantizar "la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia de la persona que lo sustituye". A juicio del parlamentario de Vox, "el señor García Ortiz es un fiscal al servicio del proyecto del autócrata (Pedro) Sánchez, lo que los socialistas llaman uno de los nuestros".
Y es que, ha criticado, el fiscal general del Estado "se ha conducido en todo momento de un modo absolutamente contrario a lo que pueda considerarse digno de tal cargo". "El último hito, por ahora, de su deplorable trayectoria a la cabeza del Ministerio Fiscal ha sido pasar a la historia por ser el primer fiscal general del Estado que es imputado judicialmente en el ejercicio de su función", ha recordado.
PODEMOS CRITICA EL USO DE LAS INSTITUCIONES
Por parte de Podemos, la diputada del Grupo Mixto Noemí Santana ha criticado que el PP haya traído esta proposición a Pleno cinco meses después de haberla registrado, lo que ha achacado a la "oportunidad política". "Ese es realmente el trasfondo de la cuestión. El uso político que ustedes hacen de las instituciones. El Partido Popular de esto sabe mucho. Diría incluso que son unos auténticos profesionales. De hecho, crearon la policía patriótica para investigar a las diputadas de Podemos con el gobierno de Mariano Rajoy", ha criticado.
La parlamentaria de la formación 'morada' se ha mostrado sorprendida por el hecho de que el PP "considere un motivo de cese una posible revelación de un secreto" teniendo en cuenta lo sucedido con causas como 'Kitchen', en la que la Audiencia Nacional investigó una presunta operación del Ministerio del Interior del PP para sustraer información al extesorero de la formación Luis Bárcenas que pudiera perjudicar al propio partido.
"Sinceramente nos parece que una vez más hacen un uso partidista de las instituciones del Estado. ¿No se acuerdan ustedes, señores del Partido Popular, de cada revelación que hacían de las denuncias falsas y archivadas que hacían contra Podemos?", ha apostillado.
DESDE JUNTS APUNTAN AL LAWFARE
Por su parte, el diputado del PNV Mikel Legarda ha anunciado que no dará su voto favorable, en la línea con la posición que han venido fijando en lo relativo a cuestiones relacionadas con el fiscal general del Estado. Y es que, ha explicado, su grupo no ve "por el momento la suficiente densidad en el auto del Tribunal Supremo para encausar al fiscal general del Estado por la filtración a los medios de comunicación de correos confidenciales".
"Nos preguntamos por qué el Supremo señala al fiscal general cuando muy posiblemente este caso quede en nada salvo, eso sí, que la finalidad sea llevarse al fiscal general como estos días he oído palante", ha añadido Legarda.
Desde Junts, el diputado Josep Pagès ha anunciado el voto contrario a la proposición del PP porque desde su punto de vista esta iniciativa "no es más que un capítulo más de una evidente operación de lawfare, en este caso contra una de las personas que ocupa una institución" como la Fiscalía General del Estado.
"Todo esto lo sabemos de primera mano y ustedes, señores del PSOE, en lugar de empezar por donde he empezado yo, es decir, denunciando rotundamente el abuso de derecho y el lawfare y la injusticia, siempre, siempre han girado la cara", ha afeado.
El diputado de Sumar Gerardo Pisarello, por su parte, considera que "no hay que ser muy perspicaz para advertir que en el ataque del Partido Popular a la Fiscalía General del Estado no hay preocupación alguna ni por la independencia ni por la corrupción".
"Por el contrario, lo que hay es la persistencia obscena en una vieja manía, dinamitar por cualquier medio toda institución que no controlen y que no puedan poner al servicio o de la destrucción del adversario o del ocultamiento de su propia corrupción", ha sostenido.