Forenses determinan que el acusado "sabía y entendía" cuando mató a golpes a una mujer en Linares (Jaén)

Forenses indican que el acusado de Linares actuó con control y conocimiento al matar a la víctima, mientras se debate sobre el tipo de delito y la posible condena penal

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Los forenses que examinaron al acusado de matar a golpes y patadas a una mujer en Linares (Jaén) en febrero de 2021 han determinado que "sabía y conocía" lo que hacía en el momento de los hechos, aunque no descartan que pudiera haber sufrido "una crisis de control de impulso", aunque en el momento de la exploración era "normal" y "no presentaba ningún tipo de patología".

Así, han determinado que una crisis de control de impulsos es compatible con "perder los nervios" y actuar "de forma incontrolada", pero una vez que pasa esta crisis "sabe que lo ha hecho mal" y trató de solucionar lo ocurrido "tratando de ocultarlo" y deshaciéndose del cadáver arrastrándolo hasta el contenedor de basura más cercano.

Sobre que el acusado tuviera diagnosticado un trastorno de la personalidad, los forenses han coincidido en no tener documentación que así lo acreditara, ni tampoco consultaron sus antecedentes médicos. No obstante, han apuntado que este tipo de trastornos "aparecen y ceden" y en el momento de la exploración era "totalmente consciente" y se mostraba "arrepentido".

Asimismo, los informes forenses determinan que Benita, de 57 años, falleció desangrada como consecuencia de los traumatismos craneales y faciales. "La causa de la muerte fue la pérdida de sangre", han determinado los encargados de practicar la autopsia que han destacado el elevado número de lesiones que presentaba la víctima.

Una vez que han terminado de declarar los peritos, las partes expondrán sus informes finales y será este miércoles a primera hora cuando el magistrado presidente del tribunal entregará al jurado el objeto del veredicto, un cuestionario que determinará si el acusado es culpable de asesinato como pide la acusación particular y el Ministerio Público o de homicidio como plantea la defensa. Además, el jurado deberá pronunciarse por los agravantes y atenuantes planteados por las partes. Una vez leído el veredicto será el magistrado el encargado de dictar sentencia y de imponer la pena.

El acusado, de 47 años, lleva en prisión preventiva desde febrero de 2017 cuando fue detenido tras el crimen. Fueron los operarios de la basura los que dieron la voz de alarma en la madrugada del 3 de febrero. El reguero de sangre en los 100 metros que separaban el domicilio del acusado a los contenedores llevó hasta la puerta de la vivienda donde ocurrieron los hechos y que los agentes tuvieron que echar abajo para detener al acusado.

En la primera jornada del juicio que se celebra desde este lunes en la Audiencia de Jaén, el acusado declaró que la víctima "se merecía" lo ocurrido por "echarle la magia negra", aunque a preguntas de su abogada dijo estar "muy arrepentido" porque él es una persona "antiviolencia".

"Nunca he sido así, fue algo inesperado. No soy ningún asesino. Me entraron unos nervios muy fuertes, no soy de pegarle a nadie. Tenía algo por dentro que me decía, pégale, pégale. Yo no estaba apto", ha relató el acusado.

Aunque el acusado ha rechazado que hubiera una relación de pareja con la víctima, los tres hijos de la fallecida y amigas de ella han coincidido en afirmar durante la vista que mantenían una relación sentimental intermitente, "de idas y venidas", desde agosto de 2019 y que venía marcada por los celos del acusado.

Acusación particular y Ministerio Fiscal piden inicialmente una condena por asesinato y la imposición de 25 años de cárcel con los agravantes de alevosía y ensañamiento. Por su parte, la defensa reclama ocho años de cárcel tras haber calificado los hechos como un delito de homicidio con los atenuantes de trastorno mental, arrebato y confesión.

Además, Fiscalía recoge también el agravante de género, que no contempla inicialmente la acusación particular, que se limita al agravante de abuso de autoridad.

En concepto de responsabilidad civil, la acusación particular solicita que se fije una indemnización de 100.000 euros, mientras que la acusación la eleva a 120.000 euros por hijo.

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