Madrid, 29 oct (EFE).- El Congreso ha aprobado este martes que las ayudas al transporte público durante 2025 se destinen a financiar "descuentos en tarifas para aquellas personas que el precio repercute en la elección modal", es decir, que pasarán de ser universales a destinadas a determinados colectivos y atendiendo al nivel de renta.
También ha instado al Gobierno a que comience a estudiar, con la participación de las comunidades autónomas y las administraciones locales (a través de la Federación Española de Municipios y Provincias), modelos de "abono único" o "tarjeta única, con tarifa plana y asequible", que sería expedida por las comunidades y permitiría a los usuarios desplazarse por todo el territorio y todos los medios de transporte.
La proposición no de ley, promovida por Sumar, que ha pactado el texto final con el PSOE y PP, compromete al Ejecutivo a tener todos los resultados del análisis de la implantación de un abono único "no más tarde de 2026".
En 2022, el Gobierno aprobó una batería de ayudas para promover el uso de transportes alternativos al coche, que incluían viajes gratuitos en los servicios de Cercanías, Rodalíes y Media Distancia de Renfe; así como una reducción del 50 % de los precios del servicio Avant (media distancia).
También en el transporte regular de viajeros por carretera ofrece abonos gratuitos en los trayectos en autobús de las líneas de titularidad estatal para los viajeros recurrentes; así como en el transporte colectivo urbano e interurbano, en el que existe una financiación del 30 % de descuento a las comunidades y entidades locales que eleven el descuento hasta el 50 %.
Tras sucesivas prórrogas, el Gobierno no ha aclarado si las va a renovar para 2025, dado que su vigencia termina el 31 de diciembre de 2024, aunque el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha mostrado dispuesto a mantener algunas de la ayudas.
Tanto el PSOE como Sumar, y también el PP, han coincidido, durante el debate este martes en la Comisión de Transportes, en que estas ayudas, que han supuesto un desembolso de 1.600 euros en 2023 y 2024, han sido un "éxito" porque han incrementado el número de viajeros y han supuesto un considerable ahorro para los usuarios.
En su iniciativa, la diputada de Sumar Júlia Boada pedía una nueva prórroga de esas bonificaciones y que los estudios para la tarjeta única se presentaran antes del fin de la prórroga, pero rebajó sus exigencias para facilitar el acuerdo con el PSOE.
El grupo socialista alegó que lo que el Ministerio va a hacer es convertir unas "medidas excepcionales en una política de transporte permanente para determinados colectivos" y que la tarjeta única es un "proceso complejo" y que es "imposible su implantación inmediata".
Por su parte, el portavoz del PP Celso Delgado ha criticado que, a dos meses de que expiren las ayudas, el Gobierno no haya aclarado todavía qué va a suceder con las bonificaciones al transporte público en 2025.
Delgado ha señalado que esto genera preocupación en las plataformas de usuarios de distintos tipos de movilidad y en las economías familiares, por lo que ha urgido al Ministerio que dirige Óscar Puente a "asegurar cuanto antes, a la mayor brevedad, el escenario en el que los ciudadanos puedan organizar sus vidas".EFE