Exdirectora de Recursos Económicos del SCS se acoge a su derecho a no declarar en el Parlamento al estar investigada

La exdirectora de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud (SCS), Ana María Pérez, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre la compra de material sanitario durante la pandemia al encontrarse investigada por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias en el 'caso mascarillas'.

Los grupos parlamentarios han intentado, sin éxito, que Pérez --que asistió acompañada por su abogado-- ofreciera su testimonio y han dado cuenta de sus preguntas para que quedaran registradas en la comisión.

Jesús Ramos (ASG) ha dicho que "es una pena" que no haya ofrecido su versión de los hechos, el portavoz de Vox, Nicasio Galván, se ha mostrado comprensivo con su negativa a hablar debido a su situación judicial y ha preguntado si recibió "presiones" del director del SCS, Conrado Domínguez, y Esther González (NC-BC) ha tildado de "lógico" que no declare porque está investigada en una causa penal de ahí no haya cursado ninguna pregunta.

Fernando Enseñat (PP) no ha compartido que Pérez no declare porque tiene una "responsabilidad moral" con los canarios de aclarar de lo que pasó con el contrato de las mascarillas de RR7. "Sería importante que hablara porque usted está en el epicentro de las responsabilidades, todos le quieren echar la culpa, parece que la quieren coger de cabeza turco", ha indicado.

José Alberto Díaz-Estébanez (CC) ha dicho que debería ser "obligación moral" de todos los intervinientes en la comisión ofrecer su testimonio y ha reivindicado a Pérez como "pieza clave" en el 'caso mascarillas' como un "colaborado necesario" para que "el engranaje funcione".

Ha señalado que es "indiscutible" la pérdida de cuatro millones de euros de patrimonio público y hay millones de unidades de material sanitario "inútiles" que se almacenan en dependencias de la comunidad autónoma.

El diputado nacionalista se ha mostrado interesado en saber, especialmente, si fue destituida por problemas de salud o a raíz de que la Fiscalía abriera la investigación judicial, y ha preguntado a Pérez si se ha sentido "utilizada".

Miguel Ángel Pérez del Pino ha reprochado a la oposición que quieran convertir la comisión de investigación "en un juzgado" y que "no les importa un pimiento" la información que emane de los comparecientes.

Tomás Morales, que ocupó la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad, y fue también asesor y director del área de Salud de El Hierro en la pasada Legislatura, sí ha intervenido ante la comisión y señalado que desconoce el contrato suscrito con RR7 United por valor de cuatro millones de euros por un millón de mascarillas que no se utilizaron.

Además, ha comentado que en las fechas de esa contratación la secretaria general técnica era Isabel León, la actual viceconsejera de Empleo del Gobierno de Canarias.

Ha aclarado que los órganos de contratación "estaban claros y tasados" y las decisiones dependían de la dirección general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud (SCS), señalando que desde la aprobación del estado de alarma se acreditaba la emergencia y se daba traslado al Consejo de Gobierno.

Ha apuntado que cuando estaba al frente del área de Salud de El Hierro no detectaron llegada de material defectuoso y dejado claro que desconocía las razones de por qué había sido citado a declarar por el Grupo Socialista aunque es militante desde 2009 y asesor en el Parlamento.

"Tengo la cualificación para el cargo, no voy a mentir ni a cometer ninguna ilegalidad en una comisión de investigación", ha agregado, remarcando que nadie le dio ninguna instrucción previa para preparar la comisión.

EL COMITÉ EJECUTIVO SANITARIO ERA "INEFICAZ"

Morales ha aclarado el funcionamiento de los distintos comités organizados durante la pandemia, ha relatado que el comité ejecutivo sanitario era "ineficaz" porque estaba "reglado" y lo que hacía falta era un modelo más "flexible" que permitiera tomar decisiones de forma más ágil.

De ahí ha destacado que se crearan tanto el comité científico con expertos para asesorar como el de gestión, en el que estaban, entre otros, el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, o el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, dado que la información que llegaba estaba "deslavazada" y era buena centralizarla.

Asimismo ha aclarado que no se tomaba acta de las reuniones porque no eran órganos administrativos.

Ha precisado que tenía "contacto" con Conrado Domínguez porque era su "superior", pero no con Torres ni con Ana María Pérez, aunque sí la "conocía", al tiempo que ha resaltado que tampoco conoce a las personas relacionadas con el contrato de RR7.

Morales ha relatado también que como secretario general técnico tenían las funciones de dar asesoramiento, preparar los acuerdos que iban al Consejo de Gobierno, gestionar normativa y asistir a órganos sanitarios de la comunidad autónoma.

CESE DE TERESA CRUZ: EL PRESIDENTE PENSABA QUE ERA "LO MEJOR"

Ha dicho que el comité de gestión no solapaba las funciones de la Consejería de Sanidad ni del SCS y ha afirmado que desconocía las razones de por qué fue cesado tras la destitución de la consejera de Sanidad, Teresa Cruz. "Si el presidente la cesó es porque pensaba que era lo mejor", ha destacado.

De hecho, ha valorado los resultados de la gestión de la pandemia en Canarias dado que el archipiélago fue la comunidad con menos fallecidos per capita, menos fallecidos en centros de mayores y tomó decisiones "pioneras" que fueron copiadas por otras comunidades.

En ese sentido ha resaltado el "know how" que se acumuló en el Hospital de La Candelaria, que se pudieran hacer pruebas PCR a los cuatro días de declararse el estado de alarma o que se abriera un número de teléfono de covid-19 para evitar que los pacientes acudieran a los centros de salud. "Se salvaron muchas vidas", ha indicado.

Ha defendido también la elaboración de un "cuadro de mandos" que recogía los datos de contagios por islas y también el stock de material y el consumo y ha subrayado que hubiera sido "temerario" no contratar mascarillas a una empresa que podía traerlas a Canarias en 72 horas. "Esa era su solvencia", ha señalado.

De cara a futuras pandemias ha indicado que se puede "mejorar" en adaptar la ley de contratos públicos a emergencias como una pandemia sanitaria y "aprender de la cosas que se hicieron bien y de lo que se hizo mal".