El que fuera secretario de Estado de Seguridad con el PP Francisco Martínez ha negado este lunes en la Audiencia Nacional que diese o recibiese órdenes para realizar investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre varios cargos de Podemos.
Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que en su declaración como investigado, que se ha extendido por una hora, Martínez ha contestado a las preguntas de la Fiscalía y de su propia defensa para defender que en lo que a el respecta no se realizaron búsquedas a dirigentes de Podemos por el mero hecho de ser de ese partido.
El ex 'número dos' de Interior ha asegurado, según las mismas fuentes, que conoció el informe PISA y otras de las actuaciones que están siendo investigadas a través de los medios de comunicación. El citado informe, en concreto, hacía alusión a una supuesta financiación ilegal de Podemos que llegó a ser investigada en la Audiencia Nacional.
En su declaración, la primera que tiene lugar desde que el magistrado Santiago Pedraz abriese la causa, Martínez ha descartado referirse o responder a preguntas relacionadas con los chats extraídos de su teléfono móvil, por los que pidió la nulidad de la investigación.
Sin embargo, las fuentes consultadas apuntan que Martínez ha respondido que nunca habló con el que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional o con los otros comisarios investigados sobre esas presuntas investigaciones a Podemos.
En el marco de la causa, la acusación de Podemos ha solicitado al magistrado que solicite a Asuntos Internos que analice si se realizaron esas búsquedas y que detalle, en caso afirmativo, por qué razón se hicieron.
LA QUERELLA DE PODEMOS
Cabe recordar que Podemos presentó una querella por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desechó estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.
En su escrito, Podemos aseguraba que los querellados --bajo el supuesto liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad-- "se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política".
Además, la formación apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente a Fernández Díaz, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.
OCHO ACTUACIONES CONCRETAS
El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las "fuentes policiales" para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.
Este modo de operar, indicaba la querella, se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento "falsario" de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.
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