El consumo eléctrico de una plantación ilegal de marihuana equivale al de cien viviendas

Madrid, 28 oct (EFE).- El consumo eléctrico de un piso de 100 metros cuadrados (m2) dedicado al cultivo de marihuana equivale al de cien viviendas normales de las mismas dimensiones, lo que, al margen de la actividad ilegal, supone un alto riesgo de seguridad ya que las instalaciones no están preparadas para un uso intensivo.

Con motivo de la jornada 'Soluciones para una mayor seguridad del sistema ante la defraudación del fluido eléctrico', organizada este lunes por el Club Español de la Energía, las grandes energéticas han analizado la situación del fraude eléctrico en España, y han avisado de que "va a ir a peor" si no mejora el marco legal y regulatorio.

"Confío en que no pase una gran desgracia, un gran incendio, para actuar", ha señalado el director general de Redes de Endesa, José Manuel Revuelta, que ha insistido en que el fraude "mata".

De acuerdo con el subdirector general de Energía Eléctrica del Ministerio para la Transición Ecológica, Carlos Redondo, existen tres tipos de fraude. El primero, el más grande y preocupante, es el asociado al cultivo de marihuana, que "ha aumentado muchísimo en los últimos años", causando daños tanto a nivel de infraestructura como en la población en general.

Además, aunque pueda haber "cierta idea romantizada" sobre estos cultivos, lo cierto es que actualmente están vinculados a un "crimen organizado muy potente contra el que es muy difícil luchar".

En segundo lugar se encuentra el fraude industrial tradicional, relevante en cuanto al volumen de energía defraudada pero que conlleva menos problemas en cuanto a la saturación de las instalaciones y posibles incendios.

Por último está el cometido por familias en situación de vulnerabilidad que se enganchan al fluido eléctrico para cubrir necesidades. Éste es, de los tres, el más pequeño.

"El fraude lo pagan todos los consumidores", ha recalcado el responsable de Regulación de I-DE (Iberdrola), Álvaro Ryan. A tenor de sus cálculos, el impacto por cada 1 % de fraude es de 440 millones de euros al año.

En total, las estimaciones a las que se remitía Endesa en una nota de prensa reciente indican que el fraude eléctrico le cuesta al conjunto de los consumidores españoles más de 2.000 millones de euros anuales, equivalentes a 69 euros por cada punto de suministro.

Más allá del ámbito material, estas prácticas presentan otro riesgo. "Los fraudes eléctricos son peligrosos para las instalaciones y las personas", ha dicho el director de Gestión de Accesos y Clientes de EDP, Jesús Fernández.

En este sentido, las compañías han alertado de los cultivos de marihuana y de los esfuerzos, tanto económicos como humanos, que tienen que estar desplegando para ponerles freno.

"Un piso que se dedique a la marihuana equivale a cien pisos de uso normal con una potencia instantánea no menor a 25 veces superior a la que pueda necesitar una vivienda de 100 m2", ha explicado el director de Servicios Jurídicos y Regulación de UFD Naturgy, Juan José Picón.

Tal circunstancia convierte a estos recintos en un "punto caliente" de posibles incidentes, al alojar un consumo disparado en instalaciones que no han sido diseñadas para ello.

Pero es que, además, estos cultivos están en manos de bandas "cada vez más violentas", ha añadido el director general de Redes de Endesa, que ha recordado los recientes tiroteos en las 3.000 Viviendas de Sevilla y en Font de la Pólvora (Gerona), conocido como el barrio de la marihuana.

Ello obliga a los técnicos de las empresas a trabajar "escoltados y con pasamontañas". Aún así, el número de agresiones continúa en aumento.

Por geografías, estas plantaciones tienen especial incidencia en Cataluña, al ser una de las vías de salida del material hacia el norte de Europa, y en ciertos entornos de Andalucía de problemáticas socioeconómicas históricas.

Desde el punto de vista de los expertos, en España hay que "ir remozando y actualizando" la regulación en vigor.

Al respecto, el responsable de Regulación de I-DE entiende que "falta desarrollo normativo" pues el marco aplicable data del año 2000. Por su parte, la secretaria general de Aseme, Irene Bartol, ha animado a desplegar campañas de concienciación social.

Finalmente, las compañías han llamado a que se deje de "contaminar" el mensaje, pues no debería mezclarse lo que es la pobreza energética, para la que la política social debería encontrar mecanismos que garanticen el suministro de los vulnerables, del fraude eléctrico, contra el que -han sentenciado- se debería actuar con contundencia. EFE