Aplazado a marzo el juicio al productor de 'Cuervos' por el uso indebido de un préstamo con aval del ICAF

El juicio al productor de la película 'Cuervos', acusado por el uso indebido de un préstamo recibido con el aval del Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) para el rodaje del film -en esta región, pero que nunca se llegó a estrenar- se ha suspendido por el reciente cambio de uno de los abogados, para que pueda estudiar la causa. Así, se ha vuelto a señalar, en principio, para el próximo mes de marzo, los días 26, 27 y 28, fechas supeditadas a la confirmación de disponibilidad por todas las partes personadas.

Es el principal acuerdo al que ha llegado la Sala de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial este lunes, en el arranque de la vista inicial, programada hasta el jueves, y en el que se han planteado y deliberado las cuestiones previas, que también han supuesto la incorporación de nueva documental presentada o la alteración del orden de la prueba a practicar, para que los procesados declaren en último lugar, tras los testigos y peritos.

En la causa también está implicado, además del socio y administrador de hecho de una sociedad dedicada a la producción cinematográfica -para el que la fiscal pide cinco años por un delito continuado de estafa-, otro hombre, socio de una de las empresas relacionadas con la productora.

El ICAF, personado en el procedimiento, reclama para cada uno de ellos seis años de cárcel, como autores de un delito de insolvencia punible. Y ambas partes interesan una indemnización de 1,45 millones al instituto, dependiente del Gobierno autonómico.

SUSPENSIÓN DEL JUICIO

Los hechos serán vistos dentro de seis meses debido a la solicitud de suspensión de uno de los letrados defensores, hecha el pasado 23 de octubre, esto es, cinco días antes del señalamiento, con lo que, y tal y como ha admitido el presidente del tribunal, existe la posibilidad de que no esté instruido sobre lo ocurrido y la totalidad de las diligencias practicadas.

El magistrado ha apuntado que en el escrito presentado para el cambio de abogado no se pedía la suspensión de la vista, extremo que podría haber dado pie a "sospechas" acerca de una posible "estrategia dilatoria" por parte de una de las defensas, pero "no podemos hacer cábalas sobre la realidad subyacente" de esa petición. Así, teniendo en cuenta que el cambio entra dentro del derecho de defensa y en aras de todas las garantías procesales, se ha decidido suspender el plenario.

En la sesión, y tras retirarse los jueces a deliberar, también se han pronunciado sobre otras cuestiones previas planteadas, admitiendo algunas, como nueva documental o que los enjuiciados declaren los últimos, más cuando ha habido que fijar otras fechas.

Además, aprovechando la suspensión del juicio, se ha dado un plazo de diez días hábiles a los abogados para que aporten otros documentos avanzados por estas partes (considerados de "vital" importancia, como compraventas de participaciones entre sociedades), para estudiarlos y decidir sobre su admisión y no tener que hacerlo "a ciegas".

Asimismo, en el caso del segundo de los procesados, citado como testigo por la fiscal y como acusado por el representante legal del ICAF -que ejerce la acusación particular-, declarará en base a esta última condición, al ser también más garantista.

Y sobre otras cuestiones, como impugnación de documental propuesta, el tribunal se pronunciará de manera individualizada y no genérica, valorando los alegatos de las defensas. Tampoco se va a pronunciar por ahora acerca de la posible prescripción de delitos imputados o atenuantes por dilaciones indebidas, algo esto último que en su caso se reflejará en las conclusiones definitivas y en el supuesto de una sentencia condenatoria.

AMPLIACIÓN AVAL Y VACIADO DE CUENTA

Según el escrito fiscal, el administrador de la productora, el único de los dos enjuiciados al que acusa esta parte, solicitó de mutuo acuerdo con otra persona -que se encuentra en rebeldía- y "con el fin de obtener un ilícito beneficio", un aval financiero al ICAF por 700.000 euros para la producción en Cantabria del largometraje 'Cuervos'.

Se trata de un thriller de Raúl Romera y protagonizado por Fernando Ramallo, Marta Serrano y Asunción Balaguer que empezó a rodarse en marzo de 2014 en la Finca del Marqués de Valdecilla (Solares, Medio Cudeyo) y que se grabó también en otros lugares de la región, como Liencres y La Arnía. El film supuso un "quebranto" de 1,2 millones al Ejecutivo y la productora entró en concurso en 2018.

Una vez que el aval fue autorizado, la productora firmó un préstamo con una entidad bancaria por el citado importe, y la cantidad fue ingresada en la cuenta del acusado. A continuación, se hicieron desde la misma "múltiples transferencias al procesado, ya personalmente o a alguna de las sociedades de las que era socio y administrador único, también a familiares directos y a otras cuentas que la productora tenía y eran manejadas por el propio acusado".

Cuatro meses después, el implicado, "siguiendo la planificación ideada desde un principio", solicitó en nombre de la productora una ampliación del aval financiero por importe de 450.000 euros, que también se le autorizó y cobró.

Una vez más, cuando la cantidad fue ingresada en su cuenta se realizaron "numerosas transferencias al acusado, familiares y empresas por él controladas en exclusividad, de forma que la cuenta quedó sin saldo positivo".

DOS PELÍCULAS, DE MALA CALIDAD Y QUE NO LLEGARON AL CINE

La productora carecía de un domicilio social donde instalar su centro de operaciones o personal contratado por ella, según la Fiscalía, que apunta que se destinó "una mínima cantidad al rodaje de la película", que finalmente fueron dos y "que dada su mala calidad ni siquiera fueron explotadas comercialmente".

Así, las dos cintas tuvieron un coste de 34.110 euros y "su única finalidad es dar la apariencia de que las cantidades prestadas y avaladas se empleaban en el proyecto presentado para ello", según la acusación pública, que explica que la productora "solo atiende a algunos de los pagos del préstamo", de modo que la entidad bancaria reclama al ICAF en su condición de avalista 1.495.000 euros. El instituto solicitó la declaración de concurso de la productora y el Juzgado de lo Mercantil de Santander lo declaró culpable.

Para la Fiscalía, los hechos constituyen un delito continuado de estafa merecedor de cinco años de prisión, 4.950 euros de multa e indemnización al ICAF por importe de 1.495.000 euros.

PLANIFICACIÓN CONCERTADA

Por su parte, el ICAF también acusa a otra persona, socia de una de las empresas relacionadas con la productora, al entender que ambos, "de forma concertada, idearon y planificaron la ejecución de una serie de conductas tendentes al vaciamiento patrimonial" de la productora, que era administrada por el primer procesado.

Cree que ambos, "en ejecución de un plan preconcebido, urdieron una trama al objeto de incorporar a sus respectivos patrimonios, de sociedades por ellos participadas o administradas, la mayor parte de los importes correspondientes a los préstamos recibidos, provocando con ello la situación económica de la productora, su completo vaciado patrimonial y la situación de concurso de acreedores de la misma". Así, lograron "la imposibilidad del ICAF de poder recuperar cantidad alguna respecto a los importes avalados".

Por tanto, el ICAF acusa a los dos como autores de un delito de insolvencia punible, por el que solicita seis años de prisión y 288.000 euros de multa para el administrador de la productora y cinco años de cárcel y 108.000 euros de multa para el socio de una de las mercantiles relacionadas con ella. Además, en concepto de responsabilidad civil reclama una indemnización de 1.450.000 euros de la que deberían responder ambos.