Más de 80.000 trabajadores del transporte de viajeros, llamados a la huelga desde mañana

Madrid, 27 oct (EFE).- Más de 80.000 conductores de autobuses están llamados a la huelga general en el transporte de viajeros por carretera que comienza mañana para exigir la aplicación de una jubilación anticipada específica por las condiciones de riesgo en el trabajo en el sector.

CCOO y UGT mantienen la convocatoria, desde las 00.00 horas de este lunes 28 de octubre, de una huelga afectará a los autobuses interurbanos, urbanos, transporte discrecional y escolar; así como de grúas autopropulsadas.

Inicialmente, el paro afectaba a 300.000 trabajadores, entre los que se incluían los camioneros (unos 220.000 por cuenta ajena), que han quedado fuera de la convocatoria al alcanzarse acuerdos tanto para el transporte de mercancías como para el sanitario.

La convocatoria de huelga de CCOO y UGT, que ha respaldado la mayoría del resto de los sindicatos, exige la aplicación de coeficientes reductores de la edad para el acceso a la jubilación en el sector por actividades que suponen cierto riesgo.

Se trata de una reivindicación histórica que los sindicatos empezaron a poner encima de la mesa ya en 2004 y que ha sido motivo, desde entonces, de diferentes movilizaciones, aunque esta es la primera vez que se convoca una huelga general.

La movilización de mañana, durante la que está prevista una concentración ante la Delegación del Gobierno en Madrid, será la primera jornada de huelga de las siete convocadas y que continuarán los días 11, 28 y 29 de noviembre; 5 y 9 de diciembre; y, a partir del 23 de ese mes, podría convertirse en indefinida.

El vicesecretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumos (FeSMC) de UGT, Pedro Aller, explicaba esta semana que, tras rebajar los sindicatos su planteamiento hasta los mínimos que consideraban imprescindibles, las patronales del transporte de mercancías lo han aceptado, pero no las de viajeros.

El acuerdo incluye el compromiso de implementar medidas preventivas en las empresas y contempla la posibilidad de ajustar costes para facilitar las cotizaciones necesarias en el sector de mercancías y aplicar los coeficientes reductores.

Las patronales de viajeros que se sientan en la mesa de negociación -Confebus, Atuc, Anetra y Direbús, además de la de grúas Anagrual-, "se escudan en un tema de costes", que los sindicatos no ven "por ningún lado", explicaba Aller.

El secretario general del sector de Carretera y Logística de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO), Francisco José Vegas, señalaba a EFE que, hasta la hora del inicio de la huelga, "siempre hay opción de desconvocarla, pero realmente no se dan las condiciones".

Fuentes sindicales consultadas este domingo explican que no ha habido, al menos de momento, ninguna novedad al respecto.

Para los sindicatos, la patronal "ha pegado un volantazo" y se ha levantado de la mesa, pese a que "había mimbres suficientes para poder llegar a un acuerdo", algo a lo que aún se muestran abiertos siempre que se ciña a "los mismos términos que se ha hecho con las de mercancías".

Según la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (Atuc) y la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus), la movilización ha sido convocada sin la mesa de diálogo previa a cualquier convocatoria de huelga, por lo que han solicitado a CCOO y UGT su desconvocatoria.

Y han pedido a los sindicatos la apertura de una mesa de diálogo para tratar, entre otras cuestiones, todos los aspectos relacionados con la jubilación anticipada, han informado en un comunicado.

Astuc y Confebus han recordado que agrupan a las empresas de transporte de viajeros por carretera que, en su conjunto, cuentan con más de 95.000 trabajadores, que atienden cada año a cerca de 3.150 millones de viajeros.

En cuanto a los servicios mínimos, los tienen que publicar las administraciones que tengan la titularidad del servicio que, en algunos casos, es del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible; y, en otros, de las comunidades autónomas y los propios ayuntamientos. EFE