El PP dará luz verde esta semana en el Pleno del Senado con su mayoría absoluta a que la Cámara Alta plantee un conflicto institucional al Congreso de los Diputados por haber enviado para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley que conmuta a presos de ETA las penas cumplidas en el extranjero, el primer paso para llevar este asunto al Tribunal Constitucional (TC).
Pese a haberse publicado ya esa ley en el BOE, el PP no desiste de presentar un nuevo requerimiento formal a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que someta de nuevo a votación esa ley en el Pleno de la Cámara Baja. Si no lo hace, los 'populares' han amenazado con presentar un conflicto de atribuciones ante el TC.
El Congreso aprobó inicialmente por unanimidad la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.
Fue tras una denuncia de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), quejándose de que la convalidación de penas también afectaba a presos etarras, cuando la norma perdió el apoyo de PP y Vox y fue rechazada por el Pleno del Senado en su última fase parlamentaria.
EL PP DIO POR VETADA LA LEY
El Senado, con la mayoría del PP y un informe de la Secretaría General, interpretó que ese rechazo en la ultima votación debía interpretarse como un veto, pese a que ningún grupo había presentado previamente la correspondiente enmienda a la totalidad.
A continuación, y tras un informe verbal de los letrados, la Mesa del Congreso, con la mayoría que forman PSOE y Sumar, decidió dar por aprobada la ley y enviarla al Gobierno para publicarla en el BOE, ignorando la reclamación del Senado y subrayando que la Cámara Alta se había saltado todos los plazos para vetar la norma.
El presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, respondió a esa decisión del Congreso enviando una carta a Armengol criticando que no diera como vetada la norma y precisando que, a su juicio, el competente para decidir sobre este asunto era el Constitucional.
"La señora presidenta Armengol ignoró el veto del Senado para frenar la excarcelación exprés de etarras. El Senado, como Cámara de segunda lectura, vetó una ley y eso obliga a que el Congreso vuelva a debatirla y someterla a votación. No tiene un pase que la enviara al BOE", criticó el viernes la portavoz 'popular' en la Cámara Alta, Alicia García.
La ley que beneficia a presos de ETA se publicó el pasado 19 de octubre en el BOE y entrará en vigor en noviembre. Desde el Congreso han replicado al Senado que cumplió su obligación constitucional al darla por aprobada.
UN SEGUNDO CHOQUE CON EL CONGRESO
No es la primera vez que el PP plantea un choque de competencias con el Congreso, ya que hace unos meses aprobaron esa iniciativa inédita entre las dos Cámaras. El motivo fue la entrada en vigor Ley de Amnistía, aunque finalmente el partido de Alberto Núñez Feijóo optó por no llevar el conflicto de atribuciones al Constitucional.
En aquella ocasión, el Senado remitió el conflicto de competencias al Congreso, que tiene un plazo máximo de respuesta de 30 días. A partir de ahí, corresponde a la Cámara Alta decidir si finalmente acuden al tribunal de garantías o no.
COMISIÓN DEL 'CASO KOLDO', PARA EL PP "CASO SÁNCHEZ"
El Senado también sacará adelante en el mismo Pleno, que arrancará el martes, la ampliación del objeto de la comisión de investigación del 'caso Koldo', que para los 'populares' ya es el "caso Sánchez".
Desde el PP quieren ampliar el margen de la comisión para abarcar los asuntos que aparecen en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que aporta nuevos datos sobre la presunta trama de corrupción, como ramificaciones que tienen que ver con el 'caso Delcy' y el rescate de Air Europa, entre otros temas.
El PP diseñó la comisión al inicio exclusivamente para el 'caso Koldo', pero ampliaron el objeto de la comisión para abarcar asuntos que afectan a Sánchez, su esposa e incluso otros temas como el 'caso Delcy'.
Quien abrió la ronda de comparecencias fue Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, que da nombre al objeto de la comisión y que se acogió a su derecho a no declarar al estar investigado por la Audiencia Nacional.
Por la comisión han pasado más de 20 comparecientes, entre ellos el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como el exministro de Sanidad Salvador Illa y el exministro de Transportes Ábalos; exdirectores de gabinete de Illa; ex altos cargos de Sanidad, Transportes e Interior; la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; el 'número tres' del PSOE, Santos Cerdán; la ministra de Inclusión, Elma Saiz, o la presidenta del Congreso.
"En próximas fechas", todavía no concretadas, tendrán que comparecer los ministros de Transportes y Política Territorial, Óscar Puente y Ángel Víctor Torres, así como a la exministra de Exteriores Arancha González Laya, según avanzó García el viernes.
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