Juliana Leao-Coelho
Madrid, 27 oct (EFE).- Unas 1.300 familias de la Cañada Real madrileña, el mayor asentamiento irregular de Europa, han cumplido este mes cuatro años sin luz y afrontan su quinto invierno sin calefacción, una situación que se perpetúa y que tiene "preocupado" incluso al papa Francisco, que recibió al párroco de la Cañada, Agustín Rodríguez, para hablar del incumplimiento de ese derecho básico.
"El papa no entiende que haya gente viviendo sin luz en una ciudad como Madrid, es una barbaridad. Le preocupa que no hayamos sido capaces de encontrar una solución", explica Rodríguez a EFE sobre el encuentro que, por mediacion del arzobispo de Madrid, José Cobo, mantuvo en agosto con el pontífice, que "conocía las realidades" y está "muy interesado por los lugares más empobrecidos".
El corte del suministro por Naturgy en octubre de 2020 afecta al sector 6 de esta antigua vía pecuaria, mientras que el sector 5 tiene luz, pero restringida, detalla Rodríguez, que lleva desde 2007 al frente de la parroquia de Santo Domingo.
Debido a una "sobredemanda de potencia", motivada principalmente por plantaciones ilegales de marihuana, "las líneas se autoprotegen y saltan" cortando el flujo como medida de seguridad, una situación que "castiga a las familias que no tienen posibilidad de encontrar otras fuentes de energía".
Se trata de "un fracaso colectivo", según Rodríguez, para quien la Iglesia ha intentado mediar "desde el minuto cero", pero "ni las distintas administraciones, ni las dinámicas de confrontación o de diálogo han conducido a ningún sitio. No ha habido capacidad en este país para resolver una situación humanitaria y de dignidad básica".
Mientras, los ayuntamientos han dado "respuestas paliativas, que no resuelven. El de Madrid ha facilitado leña, vales de gasolina, bombonas de butano y, durante un tiempo, un servicio de lavandería", continúa el párroco.
Hay dos soluciones: "aumentar la potencia o disminuir la demanda, algo difícil para los vecinos. Hay elementos que demandan luz (los cultivos ilegales) y pueden encontrar otras fuentes de energía, y quienes pagan el pato son las familias que no tienen posibilidades, eso es lo preocupante", considera.
Según investigadores de la Universidad Carlos III, "la irregularidad o alegalidad" de las viviendas impide a las familias obtener contratos de suministro al no contar con cédula de habitabilidad, siendo "los enganches ilegales una de las pocas formas de obtener electricidad".
Ante ello, la compañía Unión Fenosa Distribución (Grupo Naturgy), decidió "implementar cambios técnicos en la red para detectar e interrumpir el flujo en caso de sobrecorriente". Ello supuso, en octubre de 2020, "el aislamiento energético de los sectores 5 (entre Rivas y Madrid) y 6 (Villa de Vallecas, Madrid)", indica el informe de noviembre pasado.
Las mediciones revelan que "las habitaciones de más uso de las casas (construcciones precarias), han registrado temperaturas inferiores a los 10ºC en invierno y superiores a los 40ºC en verano", una situación de pobreza energética para 4.000 personas, casi la mitad niños, de las más de 7.200 que habitan en los 14 kilómetros de longitud del asentamiento.
El Comité de Derechos Humanos del Consejo de Europa requirió a España, en octubre de 2022, a “adoptar todas las medidas posibles" y de forma inmediata para restablecer la luz en la Cañada Real Galiana, un dictamen que, según Rodríguez, es "de obligado cumplimiento y, desde el punto de vista moral, un varapalo al Gobierno de España y a todas las administraciones", autonómica y municipales (Ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada).
El Gobierno recurrió y tiene que haber una solución al recurso interpuesto por el Estado" , explica.
El Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Madrid y Rivas acordaron en marzo invertir 330 millones hasta 2024 para realojar a 1.600 familias.
"Ahora sí hay un dinero y en diez años debería estar resuelto. Pero el proceso es lento. Cada convenio de realojo dura 3-4 años. Llevamos dos convenios, empezamos en 2018 y en seis años se habrán realojado unas trescientas familias. La pregunta es qué pasará mientras con el suministro eléctrico", explica Rodríguez.
El Defensor del Pueblo ha planteado dotar la situación de estas familias de una "definición jurídica" que les permita hacer contrato, al estar empadronados pero sin cédula de habitabilidad.
En su escrito al Consejo de Europa, el Defensor propone "dirigirse al ayuntamiento solicitando licencia urbanística para contratación del suministro provisional de electricidad", mediante "una licencia específica para estos casos".
Tras ello, "acudir a la compañía eléctrica correspondiente, quien tendría que presentar al ayuntamiento un proyecto de despliegue de la red". Hecho esto, "presentar al ayuntamiento la declaración responsable para la contratación definitiva del suministro", entre otros pasos que "pueden dilatarse" pero permitirían "una vía regular para la contratación".
Pero esta solución debería articularse "a nivel legislativo y luego ejecutivo, en un clima de diálogo que no hay ahora", lamenta Rodríguez.
El cortometraje ganador del Goya 'Aunque es de noche', de Guillermo García, muestra la oscuridad en la Cañada contada por dos chavales. "La gente que vive allí tiene vida, afectos, relaciones, esperanzas, ilusiones y miedos", asevera el párroco, que lamenta la "deshumanización de un sector de la opinión pública".
El director ha rodado este año 'Ciudad sin sueño', un largometraje de ficción también protagonizado por los vecinos. Todo ello contribuye al "reconocimiento y la dignificación" de las familias de la Cañada, concluye. EFE