La Comisión Bilateral entre el Gobierno central y Euskadi se reunirá el 6 de noviembre para impulsar las transferencias

La Comisión Bilateral de la Cooperación Permanente se reunirá el próximo 6 de noviembre con el objetivo de dar impulso a las competencias pendientes de transferir a Euskadi y estará presidida por el Lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según han confirmado fuentes de Lehendakaritza.

Las mismas fuentes han precisado que la celebración de la primera reunión de este órgano bilateral se celebrará en Madrid y es fruto del "compromiso" alcanzado el pasado 20 de septiembre en la reunión mantenida entre Imanol Pradales y Pedro Sánchez para convocar esta Comisión Bilateral y avanzar en la "agenda de cooperación" entre ambos gobiernos y el traspaso de las competencias pendientes del Estatuto de Gernika.

Por tanto, uno de los objetivos de esta Comisión es tratar de hacer seguimiento y avanzar en el desarrollo completo del Estatuto, del que se ha cumplido su 45 aniversario, ya que todavía hay 29 transferencias pendientes.

En ese último encuentro mantenido entre el Lehendakari y Pedro Sánchez el pasado mes de septiembre, se acordó que a finales de octubre se reuniría la Comisión Bilateral para impulsar las transferencias pendientes, una reunión que finalmente se celebrará el 6 de noviembre.

En ese encuentro, Pradales entregó al presidente del Gobierno central un calendario de transferencias que, el Lehendakari definió como "realista y realizable" para culminar todos los traspasos pendientes el año que viene.

Un plazo que se estableció en el acuerdo de investidura que suscribieron el 10 de noviembre de 2023 el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y el propio Pedro Sánchez, ya que ese documento establecía dos años para que todas las materias estén transferidas a Euskadi.

CALENDARIO

Ese calendario de transferencias que Pradales entregó Pedro Sánchez incluía una propuesta detallada para cerrar un primer bloque de transferencias antes de finalizar este mismo año como la gestión y ordenación del litoral, competencias ligadas al salvamento marítimo, meteorología, autorizaciones de trabajo para personal extranjero, fondo de carácter cinematográfico, así como algunas cuestiones ligadas a pesca recreativa, y elementos de seguridad privadas.

En un segundo gran bloque a acometer en 2025 se encuentran las competencias que afectan a los artículos 12 y 18 del Estatuto de Gernika y que tienen que ver con el ámbito sociolaboral como la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, las políticas pasivas de empleo o el Fondo de garantía salarial, así como las relativas a infraestructuras estratégicas como puertos y aeropuertos.

Ambos gobiernos se habían comprometido a activar esta Comisión, tras la reunión mantenida el pasado 30 de julio entre la portavoz del Gobierno Vasco y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Victor Torres.

La intención de esta Comisión no solo es dar un impulso a las transferencias pendientes sino también "poder abordar los temas bilaterales entre Euskadi y España" entre Pradales y Sánchez cada seis meses.

Desde el Gobierno vasco se busca que esta Comisión imprima un nuevo ritmo y dinámica a la relación entre Euskadi y el Estado, lo que no solo tendrá reflejo exclusivamente en los traspasos de competencias sino en todas aquellas cuestiones que requieren de coordinación entre ambas administraciones y que sean de interés para la ciudadanía vasca.

El Lehendakari se ha marcado el cumplimento del Estatuto como una primera fase y, una vez cerrada la 'carpeta estatutaria' de Gernika en 2025, abrir una nueva que permita actualizar, ensanchar y también mejorar el actual autogobierno vasco.

Esa apuesta por parte de Imanol Pradales incluye abordar el "reconocimiento nacional" de Euskadi, que el Lehendakari defiende que es uno de los elementos 'nucleares' para abordar un nuevo pacto estatutario, junto a la bilateralidad en las relaciones con el Estado y el establecimiento de un sistema de garantías.