Laura Borràs pide al Supremo que aplique la amnistía a su condena por corrupción

La expresidenta del Parlament Laura Borràs ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que le aplique la amnistía al resolver el recurso de casación que interpuso contra su condena de 4 años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo --Isaías H.-- cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2018, según han explicado fuentes cercanas a Europa Press.

Según ha avanzado el 'Ara' este viernes, se negoció si su caso podía entrar en la ley de amnistía, ya que el redactado final de la norma dejaba "poco margen", porque no era un caso relacionado con el 9-N ni con el 1-O, y el abogado de Borràs, Gonzalo Boye, ha pedido que se le aplique.

Fuentes conocedoras han explicado a Europa Press que presentar el escrito fue "una decisión técnica por parte Boye, un paso instrumental para poder después acudir a todas las instancias, incluidas las europeas".

CONDENA

A pesar de la condena de cárcel, se le impuso una multa de 36.080 euros, y el tribunal propuso un indulto parcial para Borràs para rebajar la pena de prisión a no más de dos años, de manera que no tuvo que entrar en la cárcel.

Una magistrada del tribunal añadió un voto particular en el que considera que Borràs no cometió falsedad documental, sino que solo la indujo, por lo que creyó que no debería ser condenada a más de 21 meses de prisión, y sostuvo que la inhabilitación que se le aplicara debía afectar solo a cargos con facultad de contratación.

El beneficiario de los contratos, Isaías H., que en el juicio confesó, quedó absuelto de prevaricación y fue condenado por falsedad documental a dos años de cárcel, multa de 2.100 euros e inhabilitación para contratar con las administraciones públicas durante un año y siete meses.

Andreu P., que lo ayudó a preparar presupuestos y también confesó, estuvo igualmente absuelto de prevaricación y condenado por falsedad documental a un año y dos meses de prisión, multa de 2.250 euros e inhabilitación para contratar con las administraciones públicas durante un año.