Gobierno CLM replica a Aeropuerto Ciudad Real que no es "una ONG" y le exige aclarar si recibiría 1,3 millones mensuales

El Gobierno de Castilla-La Mancha critica la propuesta del aeropuerto de Ciudad Real, demandando claridad sobre un posible contrato de 1,3 millones mensuales por la acogida de inmigrantes

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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha salido a responder a la posición transmitida por la empresa propietaria del Aeropuerto de Ciudad Real, Ciudad Real International Airport (CRIA), señalando que es "sorprendente" y criticando que trata de "confundir o engañar a la ciudadanía haciendo ver que lo que quieren hacer es una acción humanitaria cuando claramente detrás hay un negocio".

Así lo ha valorado la consejera portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, en declaraciones a CMMedia recogidas por Europa Press, apuntando que "llegan a trasladar la imagen de que son una ONG cuando son una empresa que busca hacer un negocio".

Para la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, los argumentos de CRIA no se ajustan a la situación, ya que "se comparan con un aeropuerto internacional como Barajas que tiene un área de atención a personas inmigrantes", destacando que se trata de personas que acuden voluntariamente al aeropuerto de Madrid.

Frente a esto, ha señalado que "lo que pretenden hacer en Ciudad Real es llevar a esos inmigrantes en un aeropuerto en el que no hay vuelos regulares y les van a llevar incluso sin su consentimiento".

Padilla ha señalado que desde el Ejecutivo castellanomanchego se aboga por una "solución humanitaria" para la acogida de inmigrantes, apuntando que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha planteado que se aborde el tema en una Conferencia de Presidentes Autonómicos.

"El problema que tiene la empresa de Ciudad Real es que esas soluciones a ellos no les gustan porque les limita. Les impediría tener beneficios económicos en sus instalaciones", ha asegurado Padilla.

La consejera ha asegurado que CRIA no puede "dar lecciones" y ha cuestionado el objetivo de sus comunicaciones públicas exigiendo que aclaren si la acogida de refugiados se realizaría a cambio de que "el Gobierno de España le pagara 1,3 millones de euros al mes por tener ese centro de inmigrantes en un aeropuerto que no tiene actividad".

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