PP y PSOE han rechazado una iniciativa de Junts en la que se reclamaba al Gobierno que, de manera inmediata, pusiera a disposición de los municipios, consejos comarcales y la Generalitat de Cataluña "la totalidad de los suelos residenciales, solares y viviendas" de los que es titular la Sareb y que ese traspaso fuera acompañado de la "financiación suficiente" para rehabilitar las viviendas que lo necesiten.
La moción de Junts ha contado con el rechazo de los 144 votos que conforman la mayoría del PP, además del voto en contra de los socialistas, mientras que ha sumado el único apoyo de ERC, Bildu, Izquierda Confederal y PNV.
La iniciativa, que finalmente se ha rechazado, era similar a la que se aprobó el pasado 10 de octubre en el Parlamento catalán, en el marco del Debate de Política General, y que también llevaba la firma de los de Carles Puigdemont.
"A pesar de la insistencia y de la ingente cantidad de iniciativas legislativas impulsadas desde los distintos órganos parlamentarios, la cuestión planteada no ha tenido la respuesta que esperábamos por parte del ministerio competente en materia de políticas de vivienda", argumentaba Junts para justificar su decisión de llevar esta reivindicación a la Cámara Alta.
MÁS DE 13.000 VIVIENDAS Y 3.000 SOLARES
En el texto, la formación independentista señala que la Sareb dispone en Cataluña de más de 13.000 viviendas, casi 3.000 solares y más de 1.700 obras en curso. Todo ello fruto del rescate de varias entidades bancarias, puesto que la Sareb, participada al 50,1% por el Estado, se creó en 2012 para dar salida a los activos tóxicos de la banca.
Junts recuerda que el pasado mes de julio el conocido como 'banco malo' ya anunció la cesión a Cataluña de una docena de los solares que tiene en la comunidad para construir 668 pisos de alquiler asequible, lo que juzga insuficiente.
"Se calcula que si cede 12 solares al año, se necesitarían 240 años para obtener la totalidad de los mismos", apunta el texto, incidiendo en que ese traspaso debe realizarse ya para contribuir a paliar el problema del acceso a la vivienda en su comunidad.
"Se trata de unas viviendas que los ciudadanos --a través del Estado-- ya pagaron y ahora deben ser útiles", enfatiza Junts, que urge a resolver el debate sobre la titularidad de estos inmuebles "de forma inteligente y pensando especialmente en los jóvenes y colectivos sin vivienda".