Facua pide al Gobierno que prohíba la subida del precio del alquiler por encima del IPC

Sevilla, 23 oct (EFECOM).- FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado al Gobierno la puesta en marcha de ocho medidas para hacer frente a los "abusos y la especulación" en los alquileres de viviendas, entre ellas la prohibición a los arrendadores de incrementar sus precios por encima del IPC cuando cambien de inquilino.

Esta organización, que remitirá sus propuestas al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y a los ministros de Vivienda, Isabel Rodríguez, y Consumo, Pablo Bustinduy, también reclama el reconocimiento del inquilino como consumidor, de manera que los abusos cometidos por los caseros sean considerados infracciones en material de consumo.

De esta forma podrán ser multadas por las autoridades autonómicas de consumo, con el establecimiento de mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos, ha informado la asociación en un comunicado.

FACUA también pide que se fije un marco de indemnizaciones que los arrendadores que cometan prácticas abusivas deberán abonar a los inquilinos que las denuncien, e incluso la expropiación del uso de las viviendas propiedad de grandes tenedores que lleven más de un año vacías para que sean destinadas al alquiler social.

Las ocho medidas incluyen condicionar cualquier ayuda pública en materia de vivienda a comunidades autónomas y ayuntamientos a que aprueben los topes en los precios de los alquileres planteados en la ley de vivienda.

También se pide que se condicione la concesión de los bonos al alquiler a que los contratos estén sometidos a los topes de precios establecidos en la ley de vivienda.

Igualmente que se coordinen protocolos de inspección con las comunidades autónomas para revisar de forma aleatoria los contratos de alquiler depositados en las autoridades responsables del control del pago de las fianzas y emprender acciones sancionadoras contra los arrendadores que incurran en cláusulas abusivas.

Finalmente, la organización reclama un plan de inspección al sector inmobiliario en coordinación con las autoridades autonómicas de consumo para vigilar el cumplimiento de las prohibiciones establecidas en la ley de arrendamientos urbanos y la legislación en materia de consumo. EFECOM