El fiscal sostiene que Ana Duato tuvo "voluntad de no declarar sus verdaderos ingresos" al acudir a Nummaria

El fiscal anticorrupción Tomás Herranz ha señalado este miércoles en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por el 'caso Nummaria' que la actriz Ana Duato --para la que pide 16 años de cárcel-- se sirvió de ese despacho de asesoría fiscal con "la voluntad de no declarar sus verdaderos ingresos" y así defraudar a Hacienda.

Así se ha pronunciado en los informes finales de la vista oral, en la que ha aseverado que "desde el mismo momento" que acudió al despacho del principal encausado, Fernando Peña, su objetivo era el de no declarar todo lo que debía.

De hecho, ha puesto el foco en que hasta 2006 declaraba todo "y tributaba como es debido" dado que pagó aproximadamente 400.000 euros a Hacienda, el 43% de sus ingresos, y que tras acudir a Nummaria comenzó a pagar solo el 25%. "¿Cómo puede ser? No se entiende salvo designio de fraude", ha incidido.

Para Herranz, "la conducta dolosa de Duato se manifiesta en que la operación realizada solo pudo tener como finalidad la búsqueda de un enriquecimiento injusto buscado expresamente (...) al dejar de ingresar parte de la deuda tributaria incumpliendo expresamente la norma, al simular una cesión de derechos de imagen completamente ficticia".

PEÑA "DISEÑA Y CONTROLA"

El fiscal, que ha ido desgranando uno a uno los hechos por los que acusa a cada uno de los encausados, ha explicado que "no existe ninguna duda" por lo actuado que "Peña es quien aconseja, diseña y controla la estructura de fraude" y que cuando los clientes acudían a ese despacho "no era para informarse de su obligación tributaria sino para que le indicaran cómo lograr eludir" pagos al fisco.

Herranz, en líneas generales, ha explicado que de las pruebas obtenidas se puede afirmar que Peña --propietario del despacho Nummaria-- "diseñó y puso en marcha (...) la típica estructura de fraude que se basa en la creación de una comunidad de bienes, en la que participa en un alto porcentaje una Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE) que a su vez está participada también (...) por una sociedad 'limited' del Reino Unido, que ha sido constituida en ese país por sociedades costarricenses que el despacho utiliza para otros clientes que defraudan en el mismo esquema".

Y ha enfatizado que todas las acciones que realizaba el despacho para sus clientes --como cruzar facturas, coordinar modelos 347 o usar AEIE-- "no eran neutrales" sino que estaban "destinadas a defraudar".

Además, el fiscal ha sostenido que a lo largo de la instrucción ha habido una correcta cadena de custodia de las pruebas y que no hubo alteración humana en accesos a archivos digitales.

ABOGADO DEL ESTADO

En su turno, el abogado del Estado ha aseverado que "la defraudación cometida por parte de Fernando Peña" en sus sociedades "es cercana al 100% de las bases imponibles".

"Yo no había visto una cosa semejante en ningún otro delito fiscal de los que llevo en mi carrera profesional, en este caso prácticamente la defraudación es brutal, es total. Había una orden de no pagar nada", ha enfatizado.

Además, ha explicado que de lo visto en el plenario, se concluye "cabal y razonablemente" que Peña era en realidad "el dueño del despacho" puesto que era, por ejemplo,"quien ordenaba los medios humanos y materiales del despacho de la calle Juan Bravo".

Al hilo, ha indicado que no comprende cómo "una persona puede llegar a cometer una serie de delitos que prácticamente implican, como digo, el 100% de las bases imponibles" cuando Peña "no era una persona que no estuviese integrada en la sociedad, no era una persona disfuncional".

"Era una persona que tenía una grandísima reputación, llevaba a unos clientes con un patrimonio y una reputación intachable, actores de lo más granado de Madrid. Tiene una familia, es inspector de Hacienda en ejercicio", ha explicado.

EL NUDO GORDIANO

El motivo para llevar a cabo ese delito es, a su juicio, que Peña "se garantizó una impunidad total" conocía todas las implicaciones fiscales y del derecho tributario "y armó un sistema a través de comunidades de bienes, a través de diversas sociedades, armó un nudo gordiano (...) que hacía imposible tirar del hilo por parte de la Agencia Tributaria mediante inspecciones puntuales".

Así, ha explicado que se garantizó esa impunidad durante décadas , "al menos desde el año 2000", mediante un entramado de sociedades complejísimo que le garantizaba "la imposibilidad de que la Administración, salvo con una entrada y registro, tuviese una foto global de lo que estaba ocurriendo".

"Y, evidentemente, una entrada y registro en un despacho de abogados de la talla del de Juan Bravo no se practica todos los días", ha apuntado.

EL DESPACHO DE PEÑA

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción ha fijado la pena que solicita para Peña en 231 años y 9 meses de cárcel por hasta 57 delitos fiscales, organización criminal y estafa procesal, entre otros delitos. Reduce así la petición inicial en 67 años. Para Duato fija la pena en 16 años de cárcel por cinco delitos fiscales de los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2014 y 2015.

En este juicio se acusa a una treintena de personas por presuntamente haber evadido impuestos a través del despacho de abogados Nummaria, dedicado supuestamente a construir y mantener una estructura jurídico-económica destinada a tal fin.

Según Anticorrupción, Peña, "con el fin de evitar que las actividades ilícitas que realizaba" bajo la cobertura de la asesoría fiscal fueran detectadas, creó un entramado de sociedades españolas a la par que controlaba múltiples sociedades en Inglaterra, Costa Rica, Canadá, Uruguay o Luxemburgo.

Esas sociedades --en número superior a 200-- eran empleadas, indica el Ministerio Público, "tanto para facilitar la opacidad de las operaciones del despacho Nummaria, como para entregarlas a los clientes que deseaban emplearlas para la realización de las actividades ilícitas" investigadas en la causa.

Esa opacidad era buscada tanto frente a la Hacienda Pública como frente a otras terceras personas físicas y jurídicas que ostentaban algún derecho de crédito contra los encausados. "Los integrantes del despacho eran conscientes de que esas estructuras iban a ser utilizadas para realizar actividades delictivas", recuerda el Ministerio Público.

Añade el escrito que las estructuras societarias creadas eran prácticamente idénticas para todos los clientes afectados del bufete Nummaria y la finalidad de las mismas en la mayor parte de los casos era evitar la tributación por el Impuesto de Sociedades o el IVA de las sociedades operativas españolas o, en el caso de las personas físicas, por el IRPF.