La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado este martes la propuesta del PP de que se eliminen trabas a la financiación de los partidos políticos a través de las subvenciones que reciben los grupos municipales de los ayuntamientos, unos fondos que suponen entre el 20 y 24% de la financiación pública que nutre a las formaciones políticas.
Esta era una de las propuestas de resolución planteadas por los 'populares' al informe fiscalización de las dotaciones económicas asignadas a los grupos municipales de las capitales de provincia en 2022. Aquel año, esos 50 ayuntamientos a los grupos municipales dotaciones económicas por un total de 12,9 millones de euros, aunque adicionalmente les sufragaron otros gastos con cargo al presupuesto municipal.
Según los datos del fiscalizador, entre un 20 y 24% de la financiación pública de los partidos políticos procede de las aportaciones que les realizan sus grupos municipales. En concreto, en 2017 las formaciones políticas fiscalizadas recibieron de sus respectivos grupos municipales un total de 41,5 millones de euros (24%), al año siguiente la cifra bajó a los 33,9 millones (20%) y en 2019 volvió a subir hasta los 42,4 millones (24%).
En este contexto, el PP ha logrado que la comisión mixta respalde su petición de que el Gobierno reforme la Ley de Financiación de Partidos y la Ley de Bases del Régimen Local "para asegurar la financiación de los partidos políticos". En concreto, quieren que se deje claro que "las aportaciones que realizan los grupos municipales" a sus respectivas formaciones "no son subvenciones finalistas y, por tanto, los gastos a los que los partidos destinan estas aportaciones, no tienen por qué ser justificados ante los ayuntamientos para que éstos autoricen su libranza".
JUSTIFICARLAS MEDIANTE CONVENIOS
En sus propuestas, a las que tuvo acceso Europa Press, el PP hacía una mención genérica al cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el tribunal en su informe de fiscalización, pero ni los 'populares' ni ningún otro partido defendía expresamente la sugerencia del fiscalizador de que los ayuntamientos limiten la cuantía de aportaciones que los grupos municipales hacen a sus respectivas formaciones políticas.
Ningún grupo se hizo eco tampoco de otra de las recomendaciones del fiscalizador, que es partidario de que el Gobierno limite en los Presupuestos Generales del Estado las "cuantías máximas de los importes que pueden poner los ayuntamientos a disposición de los grupos políticos".
El tribunal también aconseja exigir la justificación mediante convenios de los fondos de subvenciones municipales que se destinan a los partidos así como los justificantes acreditativos de los gastos incurridos con cargo a dichas aportaciones, "que repercutan en el funcionamiento del grupo".
EL TRIBUNAL ACONSEJA IMPONER REQUISITOS
Asimismo, el Tribunal de Cuentas recomienda al Gobierno que legisle para que la Ley de Bases del Régimen Local "establezca con mayor nivel de detalle la regulación sobre las dotaciones económicas a los grupos políticos". En concreto, pide que se concreten "los aspectos relativos al destino de los fondos asignados" y "los gastos considerados admisibles, incluyendo la eventual realización de aportaciones a las respectivas formaciones políticas".
En opinión del tribunal, esa reforma legislativa debería también establecer una "contabilidad específica de las dotaciones" de los grupos municipales, "las obligaciones formales de su gestión económica-financiera", el "contenido de las cuentas justificativas; y los procedimientos de rendición de cuentas y de control".
El PSOE y Vox hacían suyas estas recomendaciones del fiscalizador en sus propuestas de resolución, pero todas ellas, y también las de Sumar, han sido rechazadas por la mayoría absoluta del PP.