Madrid, 21 oct (EFECOM).- Repsol materializará su inversión en un electrolizador de 4 megavatios (MW) en Sines (Portugal), mientras que en España siguen en 'stand by' proyectos con una capacidad de electrólisis de 350 MW en un contexto marcado por el debate sobre el impuesto a las energéticas, que el Gobierno quiere hacer permanente.
Fuentes de Repsol consultadas por EFE insisten en que el marco regulatorio en España no ha variado todavía, y reiteran su versión acerca de este gravamen, inicialmente temporal y extraordinario, que la compañía siempre ha descrito como inconstitucional, injusto e ilegal.
Los tres proyectos de electrolizadores en suelo español que se encuentran pendientes de que Repsol adopte una decisión final de inversión son el de Tarragona (150 MW), Cartagena (100 MW) y Bilbao (100 MW).
La multinacional española siempre ha sido crítica con el gravamen del 1,2 % sobre la actividad no regulada de las grandes energéticas en España.
De hecho, en su última junta general de accionistas, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, aseguró que esta prestación patrimonial, "castiga" a las empresas que invierten en activos industriales, generan empleos "de calidad" y garantizan la independencia energética del país.
A finales del pasado julio, con ocasión de la presentación de los resultados semestrales, Imaz dijo percibir una "nueva realidad", y se mostró confiado en que este impuesto -como se le conoce coloquialmente- formaría pronto parte del pasado.
Sobre todo, prosiguió, teniendo en cuenta que Bruselas ya había dejado "muy claro" que no había razón para este tipo de gravámenes, y que la prioridad pasaba por la seguridad de suministro y las inversiones.
A raíz del impuesto, que las compañías -incluida Repsol- elevaron a los tribunales, el presidente de la multinacional española, Antonio Brufau, advirtió el pasado noviembre de que buena parte de sus inversiones en España podían irse a otros países si no había estabilidad jurídica y fiscal.
En concreto, Brufau subrayó que inversiones como las destinadas al hidrógeno, que proyectan para España unos 1.500 millones de euros, requerían de esa estabilidad, por lo que si había un impuesto a la producción que no tenían Estados vecinos como Francia o Portugal, se marcharían allí.
La noticia de la inversión en Portugal, avanzada este lunes por El Mundo, ha trascendido casi una semana después de que el Ejecutivo enviara a la Comisión Europea su plan fiscal estructural, que incluye el mantenimiento "de manera permanente" de los gravámenes extraordinarios sobre las compañías energéticas y la banca.
"Si lo único que recibes son zancadillas y problemas por parte de los poderes públicos, en este caso, del Gobierno, el mundo es muy grande y (las empresas) buscarán lugares donde sean tratadas mejor y se les reciba con los brazos abiertos", ha lamentado el portavoz del PP, Borja Semper, en Antena 3.
Por el contrario, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ve "bastante obsceno que con los beneficios y sobrebeneficios que las energéticas han tenido en los últimos años" haya "este tipo de amenazas" por un "recargo fiscal" que es "perfectamente razonable". EFECOM