PSOE y Sumar cumplen un año del acuerdo de gobierno con la vivienda como gran discrepancia

Madrid, 21 oct (EFE).- Pedro Sánchez y Yolanda Díaz firmaron hace un año el acuerdo para gobernar en coalición, un tiempo en el que han cumplido aspectos del pacto, como el reconocimiento del Estado de Palestina, aunque siguen asuntos pendientes por ejemplo en vivienda, el principal motivo de discrepancia entre el PSOE y Sumar.

Un año después de la firma del pacto, el 24 de octubre de 2023, el balance que hacen el PSOE y Sumar es positivo y ambas partes defienden que hay Gobierno para rato, convencidas de que agotarán la legislatura.

Todo ello pese a las dificultades de la aritmética parlamentaria, que hace necesario negociar cada voto para sacar adelante cualquier ley en el Congreso, y pese a las desavenencias entre los dos socios de Gobierno en materias como vivienda o fiscalidad, a las que la parte socialista del Ejecutivo resta importancia al considerarlas "diferencias lógicas" entre dos fuerzas políticas distintas.

Los socialistas destacan que el acuerdo con Sumar, con más de 230 medidas, "goza de buena salud", y recuerdan que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó en julio de que se habían iniciado los trámites para cumplir casi el 97 % de los compromisos contraídos en esta legislatura, entre ellos los del propio pacto.

Por su parte, Sumar está aprovechando la actual negociación de los presupuestos de 2025 con el PSOE para exigir el cumplimiento de asuntos pendientes del pacto, como la reducción de la jornada laboral, mientras trata de arrebatar a los socialistas la bandera de la vivienda.

Sumar no oculta su descontento con la ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez, que comparecerá el próximo miércoles en el Congreso en medio de una presión creciente de sus socios, que le han reprochado entre otros asuntos que apelara a la solidaridad de los caseros en lugar de obligar a las comunidades autónomas a cumplir la ley de vivienda, aprobada en la anterior legislatura.

La formación de Yolanda Díaz ha elevado sus quejas en sus declaraciones públicas de los últimos días, coincidiendo con la convocatoria de manifestaciones en varias ciudades españolas a favor del derecho a la vivienda, y ha dado un paso más allá al presentar objeciones el pasado miércoles en el Consejo de Ministros a la aprobación de una nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven.

 El pacto de Gobierno recoge expresamente el compromiso de consolidar este bono para facilitar el acceso a un alquiler asequible, pero en Sumar creen que no servirá de nada si previamente no se regulan los precios de la vivienda.

En medio de las quejas de sus socios, la parte socialista del Gobierno resalta los avances que ha habido hasta ahora, como el impulso al reglamento para regular los alquileres de temporada, turísticos y de habitación, y subraya la determinación de Pedro Sánchez de que esta sea la legislatura de la vivienda.

En este sentido, el acuerdo de coalición incluye medidas como el desarrollo de la ley de vivienda o el aumento de la vivienda pública para alquiler asequible hasta que represente el 20 % del parque total.

El PSOE y Sumar pactaron emprender una reforma del sistema fiscal para mejorar su progresividad y acortar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea al final de la legislatura.

Además, los dos partidos se comprometieron a revisar los gravámenes temporales sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de mantenerlos, otro asunto del acuerdo de Gobierno que sigue pendiente.

A la espera de ello, en Sumar se afanan en remarcar sus diferencias con el PSOE en materia de fiscalidad y piden a los socialistas ir más allá de lo acordado, con iniciativas como la creación de un impuesto de solidaridad para grandes herencias (las que superen el millón de euros, excluida la vivienda habitual).

Sumar está aprovechando la actual negociación de los presupuestos de 2025 con sus socios para plantear nuevas medidas como esta y para apremiarles en el cumplimiento de puntos incluidos en el pacto, como la reducción de la jornada laboral en 37 horas y media semanales o la implantación de permisos retribuidos para los cuidados.

Con todo, un año después de la firma del acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha habido avances, como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.134 euros mensuales en 2024, en línea con el objetivo global de ascenso planteado en el pacto.

En este tiempo se han cumplido por completo otros puntos del acuerdo, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (en este caso tras un pacto entre el PSOE y el PP), el reconocimiento del Estado de Palestina o la reforma del artículo 49 de la Constitución para suprimir el término 'disminuidos'.

Sobre la conocida como ley mordaza, el PSOE y Sumar pactaron reformar y derogar algunos de los aspectos, y ya han dado un gran paso al registrar en el Congreso un texto junto con otros socios de investidura que prevé una eliminación progresiva de las pelotas de goma como material antidisturbios, entre otros aspectos, pero falta su aprobación parlamentaria. EFE

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