Las políticas de inclusión, un derecho de los ciudadanos y una inversión a futuro

Pamplona, 21 oct (EFECOM).- Las políticas de inclusión social deben ser vistas no solo como un derecho, sino también como una inversión en el futuro de la sociedad.

Es la principal conclusión de la mesa sobre los retos de las rentas mínimas autonómicas en España, que ha tenido lugar este lunes en Pamplona en el marco del seminario ‘Claves para el Futuro de la Protección Social en España’, organizado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El debate ha contado con la participación del secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez; la directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Navarra, Inés Jiménez; y la profesora titular del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra, Begoña Pérez.

Los participantes han coincidido en que el Ingreso Mínimo Vital y las prestaciones complementarias son “fundamentales” para reducir la pobreza y mejorar la cohesión social, pero han reconocido que “aún existen grandes retos que superar”, especialmente en áreas como la vivienda y la inclusión laboral.

Uno de los temas principales abordados ha sido el reto de mejorar la articulación de las políticas de inclusión social en España.

 “El gran reto que tenemos es doble. Por un lado, tenemos que mejorar, lograr una articulación más precisa de las acciones que se llevan a cabo desde el Estado y con la puesta en marcha de esta pasarela desde el subsidio de desempleo al Ingreso Mínimo Vital (IMV), que creo que es un gran avance”, ha subrayado Suárez.

El secretario de Estado ha puesto en valor que “las comunidades autónomas tienen un protagonismo indiscutible en materia de implicación más satisfactoria de los servicios sociales para asegurar que el Ingreso Mínimo Vital cumpla su función de apoyo a los más vulnerables”.

Jiménez ha destacado la importancia de aprovechar el Laboratorio de Inclusión Social en Navarra para introducir innovaciones que fortalezcan los procesos de apoyo y acompañamiento a las personas receptoras de la renta garantizada.

Así, en el marco del Ingreso Mínimo Vital, se ha establecido una serie de itinerarios de inclusión que proporcionan una atención integral a los beneficiarios de la prestación. Se han configurado 34 proyectos piloto experimentales para evaluar diferentes intervenciones innovadoras.

Estos itinerarios están permitiendo llegar cada día a más personas con una amplia cobertura para luchar contra la pobreza garantizando que su efectividad sea continuamente evaluada, e inciden en diversos aspectos como la educación, la digitalización, el empleo, el acompañamiento social o la salud.

La directora general de Protección Social también ha destacado en la necesidad de “intensificar el trabajo de inclusión social”, subrayando que “el 60 % de las unidades receptoras de renta garantizada están llevando a cabo procesos de inclusión”.

“Dentro de las personas que están en demanda de renta garantizada, hay perfiles muy distintos: en algunos, la inserción por el empleo no tiene sentido porque hay situaciones de salud mental o física no diagnosticadas”, ha explicado.

Por su parte, el director General de COFIDES, Miguel Tiana, ha informado en su intervención sobre el Fondo de Impacto Social (FIS), un instrumento dotado con 400 millones de euros procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y financiados con fondos europeos.

Este instrumento, ha dicho, pretende atender retos sociales relativos a la inclusión social, inserción laboral, retos demográficos, cohesión territorial, métodos de producción y consumo responsable, y salud mental.

En definitiva, ha comentado, se pretende "reforzar el ecosistema nacional de la economía de impacto", que se calcula que asciende a unos 3.000 millones de euros en España.

 EFE

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