Madrid, 21 oct (EFE).- Un grupo de empresas de navegación aérea formó al menos entre 1999 y 2015 un 'cártel del fuego' que sobornó a cargos como el entonces consejero valenciano del PP Serafín Castellano para hacerse con los contratos de extinción de incendios en España y que se extendió a Portugal e Italia.
Así lo ha manifestado el inspector jefe del grupo de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional encargado de esta investigación en el juicio que La Audiencia Nacional ha reanudado este lunes contra los 16 acusados en esta causa.
El mando policial ha ratificado que descubrieron una sistemática entrega de regalos y compensaciones económicas a funcionarios y autoridades por parte de las empresas del 'cártel'.
En las primeras jornadas de la vista doce de los acusados pactaron con el fiscal confesar los hechos a cambio de aceptar penas menores a las solicitas inicialmente por la Fiscalía y que no les implicará su ingreso en prisión.
Uno de los acusados que pactó es Serafín Castellano, que aceptó dos años y siete meses de cárcel al confesar su participación en procesos irregulares de adjudicación al grupo de empresas Avialsa, propiedad del también procesado Vicente Huerta.
Este le recompensó con dinero en metálico además del pago de cacerías, monterías, hospedajes, viajes, un rifle, jamones, cenas, comidas y otras dádivas por más de 160.000 euros, según los hechos relatados por el fiscal que ha reconocido el exconsejero.
El fiscal pedía inicialmente 21 años de prisión para Serafín Castellano, que ocupó las consellerías de Justicia, Administraciones Públicas, Sanidad y Gobernación entre 1999 y 2014 y que además fue delegado del Gobierno en Valencia y dirigente del PP valenciano.
Por su parte, Vicente Huerta aceptó tres años y cinco meses de cárcel frente a los 25 años que pedía inicialmente el fiscal para él.
El juicio continúa respecto a los cuatro acusados que no pactaron con la Fiscalía, entre ellos Vicente B.C., excoordinador del Servicio contra Incendios de la Generalitat Valenciana, que se enfrenta a una petición del fiscal de once años de inhabilitación.
Igualmente, Manuel B.S., exresponsable de la División Operativa de la Dirección General de Emergencias y Seguridad de la Generalitat Catalana, para quien la Fiscalía pide dos años de inhabilitación, y el empresario Rubén Mariano G.P., que se enfrenta a una solicitud del fiscal de cinco años y seis meses de prisión.
Además, Francisco Antonio A.E., exgerente de Avialsa, para quien la Fiscalía pide un año y cuatro meses de prisión y cuyo abogado ha pedido que se le aplique la excusa absolutoria como colaborador con la justicia ya que la denuncia que presentó en 2014 en la Fiscalía Anticorrupción destapó la trama.
El citado inspector jefe de la UDEF ha confirmado que gracias a la denuncia de Francisco Antonio A.E. se conoció la existencia de este 'cártel'.
Ha ratificado que comprobaron la existencia de este grupo de empresas que se repartían el mercado para hacerse con todos los contratos del servicio de extinción de incendios en diferentes comunidades autónomas españolas, que realizaban de forma sistemática regalos a cargos de las distintas administraciones y que llegaron a extender su entramado a Portugal e Italia.
El responsable policial ha concretado que del contenido de correos electrónicos y de la agenda incautada a Vicente Huerta se desprenden los regalos sistemáticos a Serafín Castellano y a otros cargos por facilitar la adjudicación de los servicios de extinción de incendios a aviones y helicópteros de este 'cártel'. EFE
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