Madrid, 19 oct (EFE).- Este domingo se cumplen dos años de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, que recoge el compromiso del Estado en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista y el estudio de posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983.
Basada en los principios de verdad, justicia y reparación, la norma ha permitido avanzar respecto a la ley de Memoria Histórica aprobada en 2007, que incluyó un reconocimiento a las víctimas y la retirada de símbolos de la dictadura, pero no estableció la búsqueda de desaparecidos como política de Estado.
Un objetivo que sí ampara la Ley de Memoria Democrática que, publicada el 19 de octubre en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor al día siguiente, también busca mantener el recuerdo de las víctimas y fomentar el conocimiento figuras individuales y colectivas que hicieron posible la Transición.
Estos son los hitos más significativos de la ley, que, según fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha llevado a cabo más de 600 acciones y movilizado más de 20 millones de euros:
Hasta la fecha los cuerpos exhumados ascienden a 5.600 y ya se está iniciando la elaboración del segundo plan, cuya ejecución se prolongará hasta 2028.
El 2 de noviembre de 2022 fueron exhumados los restos del general franquista Gonzalo Queipo de Llano y del auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina de la basílica de la Macarena, de Sevilla, y el 24 de abril de 2023 fueron exhumados los restos de José Antonio Primo de Rivera del Valle de Cuelgamuros (antes Valle de los Caídos).
A ello se suman los trabajos en las criptas del Valle para la exhumación de los 166 cuerpos de víctimas que han sido reclamados por sus familias. Por el momento, las labores de recuperación han dado como resultado el hallazgo de la caja 198 y la exhumación de doce víctimas asesinadas en 1936 en Aldeaseca y Fuente de Sauz (Ávila), de las que once han sido identificadas genéticamente y entregadas a sus familiares.
También han sido identificadas tres víctimas de Borja (Zaragoza), de las 17 provenientes de esta localidad actualmente en proceso de investigación, y han sido localizados más de 200 restos procedentes de distintas localidades.
En permanente actualización se trabaja en el mapa integrado de localización de personas desaparecidas a nivel nacional.
Con arreglo a la ley, han sido concedidas y entregadas 572 declaraciones de reconocimiento y reparación a personas que durante la guerra civil y la dictadura padecieron persecuciones, condenas, sanciones u otras formas de violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa.
La relación incluye a Lluis Companys, general Escobar, Pau Casals, Pablo Picasso, Manuel Fernández Montesinos, María Teresa León, Nicolás Sánchez Albornoz, José Luis López Aranguren, Puig Antich y los encarcelados de CCOO en la causa 1.001, entre otros.
El próximo 31 de octubre serán entregadas 20 declaraciones más coincidiendo con el Día de las Víctimas del Golpe Militar, declarado por la ley y que este año alcanza su tercera edición.
El 8 de mayo pasado se celebraron por primera vez los actos de Estado en homenaje a las víctimas del exilio con la ley vigente.
El Gobierno constituyó a principios de julio de este año la comisión para impulsar y coordinar las medidas para la transformación del Valle de Cuelgamuros en un centro de interpretación.
En este proceso de resignificación del monumento participan varios departamentos ministeriales: Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Hacienda; Transporte y Movilidad Sostenible; Trabajo y Economía Social; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Vivienda y Agenda Urbana; Cultura y Ciencia e Innovación.
A estas comisiones se añade la regulación de otras tres de trabajo sobre la memoria y reconciliación con el pueblo gitano en España, técnica para la elaboración de un estudio de medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la guerra civil y la dictadura y para el estudio de supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia entre 1978 y 1983.
También se ha impulsado la figura legal de Lugar de Memoria Democrática, que se otorga a aquellos espacios en los que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva.
En la página web del Ministerio ya está accesible el inventario de estos lugares. Los más significativos son el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, el Valle de Cuelgamuros y el Panteón de España, que fueron declarados 'ex lege'.
A ellos se han sumado después el caso urbano de Gernika-Lumo y diez inmuebles vinculados al liberalismo español en el siglo XIX que representan la lucha por los valores democráticos, como el Teatro de las Cortes de Cádiz, el Monumento Constitución 1812 en Cádiz o el Monumento Mariana Pineda en Granada.
Además, han sido incoados expedientes de declaración para el éxodo, persecución y masacre de la población civil entre Málaga y Almería en febrero de 1937, conocido como «La Desbandá», y para la antiguas cárceles de Murcia y Carabanchel (Madrid), entre otros lugares.
El Ateneo Español de México y el Jardín de la Nueve en París también figuran en el listado como lugares de memoria democrática en el extranjero.
Además se ha avanzado en la realización de la auditoria y el inventario de bienes inmuebles expoliados por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa.
El Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional ley de Aragón que deroga la ley autonómica de Memoria Histórica y se ha invitado a la Comunidad Valenciana a negociar su Ley de Concordia.
De la misma manera, han indicado fuentes del Ministerio, se actuará con el resto de comunidades que aprueben leyes que menoscaben las políticas públicas de memoria, que desprotejan a las víctimas y sus derechos, que no condenen la dictadura o blanqueen el franquismo.
Se está desarrollando también el proceso de solicitud sobre el derecho de opción a la nacionalidad española establecido en la disposición adicional octava de la Memoria Democrática, cuyo plazo de solicitud se ha prorrogado por un año más, hasta el 21 de octubre del 2025.
Se han subvencionado más de una de decena de congresos, investigaciones, exposiciones y cursos, publicaciones relacionados con la mujer.
Retirada de títulos nobiliarios y distinciones
Con la entrada en vigor de la ley quedaron suprimidos 33 títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos entre 1948 y 1978 y de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas.
El Consejo de Ministros aprobó el 18 de julio de 2023 nueve reales decretos que retiraron las respectivas Medallas al Mérito en el Trabajo concedidas a personas que participaron activamente de la represión tras el Golpe de Estado de 1936: Francisco Franco, Enrique Pla i Deniel, José León de Carranza y Gómez-Pablos, José Luis de Arrese Magra, José María Fernández Ladreda y Menéndez Valdés, José Solís Ruiz, Juan Yagüe Blanco, Jesús Romeo Gorría y José Antonio Girón de Velasco.
Otras acciones
- Se ha realizado el nombramiento de la Fiscal de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
- Mediante Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio se ha modificado la Ley de Fundaciones, para disolver aquellas asociaciones que hagan apología del franquismo. EFE
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