Madrid, 18 oct (EFE).- Los órganos judiciales españoles dictaron auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por casos de corrupción contra 39 personas físicas y 14 jurídicas durante el segundo trimestre de este año.
Así lo refleja el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la incorporación de la información correspondiente a los meses de abril, mayo y junio, y que también incluye el número de sentencias dictadas, que fue de 13, de las que 9 resultaron absolutorias.
Según estos datos, Andalucía fue la comunidad autónoma donde más personas fueron llevadas a juicio en ese periodo: 10 personas físicas y 14 jurídicas en cinco procedimientos distintos.
Le sigue Cataluña con 16 personas físicas en dos procedimientos, Madrid con cinco personas físicas en dos causas, y la Comunidad Valenciana y Canarias con tres personas encausadas en dos y un procedimiento, respectivamente.
En otras dos comunidades, Aragón y Murcia, se llevó a una sola persona al banquillo por corrupción, y en el resto a ninguna.
Entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año, los Juzgados y y Tribunales dictaron 13 sentencias en procedimientos por delitos de corrupción.
De ellas, 4 fueron condenatorias y 9, absolutorias, lo que supone que el fallo fue condenatorio en el 30,7 % por ciento de los casos.
La información ofrecida detalla si las sentencias han sido absolutorias o condenatorias y, dentro de éstas últimas, si lo han sido con o sin conformidad, así como si han sido parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).
El repositorio, que fue presentado el 12 de enero de 2017, y se actualiza de forma trimestral, es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite a la ciudadanía conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores.
La información que ofrece corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía.
De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política. EFE
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